8 años sin Javier Chocobar

11 octubre, 2017

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25 años de deuda del Estado. La Justicia demora el inicio del juicio oral por el caso Chocobar. Mañana comunidades indígenas marcharán a 8 años del asesinato del comunero de Chuschagasta. Leerán el siguiente documento: 

 Hoy se cumplen 8 años del asesinato de nuestro hermano Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre del año 2009. Ese día la Comunidad Indígena de Los Chuschagasta ubicada en Trancas –Tucumán-, fue víctima de un ataque realizado por Darío Amín junto con dos ex policías, Luis Humberto “el niño” Gómez (vinculado al comando parapolicial Atila del “malevo” Ferreyra) y José Valdivieso. Amín, Gómez y Valdivieso llegaron al territorio de la comunidad fuertemente armados e hicieron disparos con armas de fuego contra la gente que defendía su territorio en forma pacífica. En ese mismo ataque, además de matar a Javier Chocobar, hirieron de gravedad a 3 comuneros más: Delfín Cata, Emilio Mamaní y Andrés Mamaní.
Los delitos que se les imputan a Darío Amín, Luis Humberto Gómez y José Valdivieso son de homicidio calificado en contra de Javier Chocobar, homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Andrés y Emilio Mamaní, además de portación ilegal de armas de fuego.
A pesar de numerosas pruebas, todavía no hay fecha de realización del juicio lo que pone a la comunidad en una profunda injusticia y agrava su situación de vulnerabilidad. “Es duro recordar ese momento, nosotros sufrimos y ellos continúan libres. Parece que la justicia no existe para este caso. Se cumplen 8 años y todavía no tenemos un juicio”, dijo Audolio Chocobar, hijo de Javier.
Desde el equipo de abogados y abogadas que llevan adelante la querella y las acciones civiles de la causa, sostienen que la demora por parte de la justicia para fijar una fecha no tiene justificación jurídica. Desde que el juzgado interviniente ordenara la elevación a juicio en contra de los 3 imputados en el año 2011 hasta el día de hoy, el expediente fue atravesando diferentes situaciones procesales, desde maniobras dilatorias de la defensa, vacancia del tribunal designado, poca celeridad para la realización de actos procesales que tengan como fin la prosecución del juicio, planteos de incompetencia hasta que finalmente se definió la intervención de la Sala IV de la Cámara Penal.
En el mes octubre del año 2014, la Sala IV realizó la citación a juicio de las partes, sin embargo hasta ahora no hay ninguna resolución del tribunal que evidencie una actitud clara tendiente a la realización del debate oral y público. Todo parece indicar la falta de voluntad de realizar el juicio.
Andrés Mamaní, Cacique de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, señaló que “el año pasado nos habían prometido que iban a acelerar todos los plazos para poner una fecha, y todavía no tenemos esa fecha de inicio de juicio, pero sigo con esperanzas que pronto lleguemos a esa justicia tan necesaria para nuestra Comunidad, y para todos los Pueblos Originarios”.
El ataque que culminó con el asesinato de Javier Chocobar y la grave lesión a la integridad física de las otras tres víctimas, no es un hecho aislado, sino una muestra más de los intentos de  despojo a las comunidades indígenas de sus territorios. La  Ley 26.160 que prohíbe los desalojos ha sido violada reiteradamente por los propios jueces provinciales como en los recientes desalojos de las hermanas comunidades de Indio  Colalao y Pueblo de Tolombón.
Lamentamos profundamente que el retardo injustificado del poder judicial provincial, con la cantidad de pruebas que constatan la alevosía del hecho, sea coincidente con la falta de capacidad y decisión del Estado de trabajar seriamente sobre el problema de fondo, la falta de titulación de los territorios que ocupan las comunidades indígenas tradicionalmente, ya que aún no se han creando mecanismos eficaces para cumplimentar las acciones ya encaminadas como los relevamientos territoriales finalizados en nuestra provincia.
La demora de los Estados Nacional y Provincial en cumplir sus obligaciones constitucionales consagrada en el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y 149 de la Constitución Provincial, perpetuán la impunidad, la indiferencia, la discriminación en el acceso a la justicia, exponiendo a las comunidades a la permanente inseguridad jurídica en sus territorios y a estos actos de violencia constante.
El mensaje entonces para las personas y empresas interesadas en la explotación de los bienes naturales y culturales de nuestras comunidades indígenas, que actúan vulnerando derechos y operando en muchos casos en connivencia con el Estado, es cada vez más claro: no hay sanción para los responsables pero sí impunidad para las víctimas, incluso sanción para los defensores de esas víctimas, tal como ocurrió con la sanción que el tribunal que entiende en la causa impuso arbitrariamente a una de las abogadas querellantes, tras haber acompañado la difusión en los diferentes medios de prensa donde se convocaba a la marcha del 12 de octubre del año pasado.
En este contexto político nacional de mano dura, criminalización de la protesta social, y demonización de los sectores históricamente vulnerados (adolescentes y jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas), que legitima la violencia institucional, se suma la avanzada sobre los derechos humanos de los Pueblos Originarios. Prueba de esto es: la sanción de la ley de extranjerización de tierras, la creación de legislación y órganos sin la  consulta previa libre e informada, los constantes desalojos ordenados por el poder judicial, la muerte, desaparición, impunidad, persecución y la sanción a sus líderes y defensores, la muerte de niños y niñas en los Pueblos hermanos Qom y Wichi por la falta de acceso a derechos y servicios básicos, y los casi 8 años de espera del juicio oral por el asesinato de nuestro compañero Javier Chocobar.
Manifestamos nuestra rechazo a las expresiones vertidas en medios de comunicación por los funcionarios del gobierno nacional en concordancia con una política regresiva que coloca a las reivindicaciones de derechos territoriales mapuches como una amenaza para la seguridad nacional; y repudiamos el papel de los medios de comunicación hegemónicos en la construcción de imaginarios falsos, basados en estereotipos racistas y xenófobos. Y exigimos la aparición con vida ya de Santiago Maldonado.
El inminente vencimiento de la Ley N° 26.160, y la aun incierta aprobación de su prorroga pone a las comunidades en un estado de preocupación permanente por la  indefensión en la que quedan expuestas frente a la voracidad de los intereses sobre sus territorios y bienes naturales. La falta de políticas públicas que resuelvan los problemas de fondo que afecta a los Pueblos Originarios sigue prolongando una situación de injusticia que hoy cumple 525 años.
Estamos convencidos de que la justicia, la dignidad y el respeto a las diferentes identidades culturales llegará cuando todos los sectores que luchamos por una sociedad más justa logremos, en un marco de respeto a la diversidad y a la PachaMama, acordar acciones para transformar juntos el mismo sistema que nos oprime.
Por eso, en este día de tanta significancia para los Pueblos Originarios de América, desde el espacio Justicia por Chocobar llamamos a todos los sectores de la sociedad a sumarse al pedido de justicia por Don Javier Chocobar, quien ya es bandera de nuestros Pueblos Originarios, hasta lograr que la justicia condene a sus asesinos.
Exigimos:
JUICIO ORAL YA
CARCEL PERPETUA PARA LOS ASESINOS
BASTA DE IMPUNIDAD Y DILACIONES DE LA JUSTICIA
BASTA DE CRIMINALIZAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS DEFENSORXS
APARICION CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
NI UN METRO MÁS NI UN MUERTO MÁS
Espacio Justicia por Chocobar

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