A un año del caso que conmovió al país, el Estado provincial sigue vulnerando los derechos de Lucía

27 febrero, 2020

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El  27 de febrero de 2019, se puso fin a las torturas contra la niña de 11 años luego de un mes en el que se le obstaculizó el acceso a la interrupción legal del embarazo. Desde entonces,  el Estado no implementó políticas públicas para que cesen los obstáculos institucionales que sufren niñas y adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a las ILE ni estableció medidas para combatir el abuso sexual en la niñez.

Hace un año, a medianoche y con grupos antiderecho movilizados, Lucía esperaba para que se interrumpa su embarazo. Tenía 11 años, había quedado embarazada producto de una violación por parte de su abuelastro y el Estado con complicidad eclesiástica le había obstaculizado durante un mes su derecho a no parir. A pesar de las presiones del Ministerio Público Fiscal, la niña fue sometida a una microcesárea por su precario estado de salud. Finalmente pudo cumplirse su deseo de que le saquen lo que el viejo le había puesto adentro.

Lucía fue forzada a continuar con un embarazo no deseado, romantizando la maternidad infantil y negándole la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Actualmente, su abusador se encuentra condenado a 18 años de prisión pero ningún funcionario estatal fue sancionado.

La Justicia provincial emitió dos fallos históricos: por un lado, la justicia de familia ordenó al registro civil que refleje esa inexistencia de voluntad procreacional por parte de Lucía, al momento de la inscripción de la defunción de la nacida viva.  También decidió medidas reparatorias: una casa para la niña, tratamiento psicológico y un empleo público para su madre. Por su parte, la justicia penal no sólo condenó al violador sino que estableció también medidas reparatorias y garantías de no repetición. En este sentido, exigió al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para Lucia, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia. Además, instó al PE a realizar relevamientos sobre abuso sexual infantil, desarrollar campañas contra la violencia hacia las mujeres con protocolos de denuncias en toda la provincia, en especial en 7 de abril, con perspectiva de derechos humanos y género.

 

Lo que falta

A pesar de los avances, desde Andhes y Cladem exigieron que la justicia investigue las responsabilidades de quienes buscaron forzar a la niña a continuar con su embarazo y de sectores antiderecho que divulgaron su historia clínica, violando así su privacidad y derecho a la intimidad. En el caso de Lucía, numerosos actores del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) actuaron activamente para impedir que Lucía pueda acceder a la ILE. El embarazo forzado es tortura.

Las organizaciones reclamaron que el Estado intensifique las políticas públicas que busquen la prevención del abuso sexual en la niñez, la implementación de educación sexual integral en todos los niveles educativos tanto de gestión pública como de gestión privada y el cumplimiento de las medidas reparatorias ordenadas por la justicia ya que hasta ahora no hubo avances.

Andhes y Cladem reclamaron al Estado que “cesen los obstáculos y las violencias institucionales que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Tucumán, en particular, pero en la Argentina, en general. También exigimos que se deje de criminalizar la práctica y perseguir a profesionales que garantizan derechos”.

Reclamaron, nuevamente, el cierre de la causa contra José Gijena y Cecilia Ousset, medicxs que garantizaron la ILE a Lucía y plantearon la necesidad de una justicia con perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos. “La fiscala Adriana Giannoni criminalizó con su accionar las prácticas de las interrupciones legales del embarazo que están garantizadas desde 1921 en el Código Penal y ratificadas por la Corte Suprema de la Nación a través del fallo FAL. Tucumán debe adherirse al protocolo ILE ratificado por el Ministerio de Salud de la Nación”, exigieron.

 

Abusos sexuales en la niñez

En septiembre del año pasado, Andhes, Cladem y el Colectivo de derechos de infancia y adolescencia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina.

En su relato, plantearon las torturas y obstáculos que sufrió Lucía para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo. “Lucía tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación y fue sometida al disciplinamiento estatal que quiso obligarla a continuar con un embarazo que ella misma pidió que se interrumpa. A Lucía la torturaron efectores de salud, funcionarios públicos, el capellán del hospital del Este y la justicia provincial”, expresaron.

El Estado nacional admitió ante la CIDH la vulneración de derechos a Lucía. Los y las comisionadas remarcaron la violencia sexual e institucional contra las niñas y la necesidad de cumplir con las leyes, responsabilidad indivisible del Estado.

Para las organizaciones, el caso Lucía no es aislado: en 2017, hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años, y 91.586 de adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 años.

En sus disertaciones, denunciaron que en Tucumán y en Argentina no existe una educación sexual integral respetuosa de los derechos de las niñas, niños  y adolescentes con perspectiva de género.

También reclamaron que es necesario que en los protocolos de Abuso Sexual Infantil se indique que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un derecho, y que no todas las provincias adhieren a los protocolos nacionales. “Celebramos que en la actualización de diciembre de 2019 del Protocolo realizada por el Ministerio de Salud de la Nación se haya fortalecido las perspectivas en materia de niñez y discapacidad. Sería importante que en Tucumán se aplique para responder a las exigencias judiciales de garantías de no repetición de abusos sexuales en la niñez”, concluyeron.

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