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La fiscala Giannoni ya no podrá perseguir a lxs médicxs que garantizaron la interrupción del embarazo a Lucía

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó el apartamiento de la causa. Andhes y Cladem celebraron la decisión y pidieron el cierre de la investigación.

A partir de una denuncia efectuada por sectores antiderechos contra José Gijena y Cecilia Ousset, profesionales que garantizaron la Interrupción Legal del embarazo a la niña de 12 años, la fiscala decidió iniciar una investigación por homicidio. En agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción decidió separarla de la causa, junto al juez Facundo Maggio, por “temor fundado de falta de objetividad”. Ahora el máximo Tribunal de la provincia ratificó el fallo al considerar improcedente los planteos que había realizado Giannoni.

Andhes y Cladem habían recusado a Maggio por su “vinculación explícita y reconocida con el Arzobispado de Tucumán” y cuestionado la parcialidad de la fiscala porque su “posicionamiento político/ideológico no le permitiría actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

“La sentencia de la Corte es una demostración de que el Máximo Tribunal no avala la persecución ideológica en contra de lxs médicxs que garantizaron la ILE a Lucía, la niña de 12 años embarazada producto de una violación a la cuál el Estado le vulneró sus derechos durante casi un mes”, consideraron desde las organizaciones.

La decisión cobra mayor relevancia en el marco de tres próximos aniversarios: el 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil, el 20 es el Día Universal del Niño y el 25 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A Lucía le vulneraron todos sus derechos en su condición de niña y de mujer .

Andhes y Cladem reclamaron al Estado que “cesen los obstáculos y las violencias institucionales que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Tucumán, en particular, pero en la Argentina, en general. También exigimos que se deje de criminalizar la práctica y perseguir a profesionales que garantizan derechos”.

Si bien le queda a la fiscala la instancia de la Corte Suprema de la Nación “esperamos que este sea el principio del fin de una cadena de arbitrariedades e injusticia” manifestaron desde Andhes y Cladem.

Una vez cumplido ese paso, se debería designar una nueva fiscalía a cargo de la causa. Desde las organizaciones que defienden a Gijena y Ousset exigen que se cierre la investigación porque no existe delito. “Ambos profesionales respondieron a un llamado del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que garanticen el cumplimiento de una interrupción legal de embarazo. Esta decisión de la Justicia es una bocanada de aire y de esperanza para que en Tucumán comiencen a respetarse los derechos de las niñas”, concluyeron.

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La Corte Suprema de Tucumán define el destino de los médicos del Caso Lucía

La fiscala Adriana Giannoni solicitó en agosto a la Corte que revise la decisión del vocal de la Cámara de Apelaciones Enrique Pedicone que la había dejado afuera de la investigación de los ginecólogos que interrumpieron el embarazo de la niña “por temor fundado de falta de objetividad”. La decisión se podría conocer en los próximos días. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró como ‘dramático’ el Caso Lucía en su última audiencia pública, mientras que el Estado Nacional reconoció las vulneraciones a los derechos de la niña. Abrir

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