Belén fue condenada a 8 años de prisión luego de sufrir un aborto espontáneo

22 febrero, 2017

Commentario

Géneros

Una mujer tucumana de 27 años fue condenada a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto en un hospital y ser denunciada por el equipo de salud. Después de la vulneración de numerables derechos y más de 2 años en prisión en espera del juicio, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, compuesta por tres hombres –Dante  Ibañez,  Nestor Macoritto y Fabian Fradejas- falló contra la joven. 

San Miguel de Tucumán, 22 de abril de 2016.- En la madrugada del día 21 de marzo de 2014, Belén  (usamos este nombre para proteger la identidad y privacidad de la joven) llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán buscando asistencia sanitaria por dolores abdominales. Tenía antecedentes vesiculares y de peritonitis. Su miedo era grande. Le administraron un calmante por vía oral y fue derivada por el doctor Jorge Molina al Servicio de Ginecología. Tenía un abundante sangrado.

Belén cuenta, actualmente desde la cárcel, que desde ese momento de su derivación empezaron las sospechas, los rumores, las llamadas a la Guardia Policial, miradas feas y acusaciones sobre “qué se había hecho”. Empezó a sentirse maltratada.

Una vez en el Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda fue atendida por la enfermera Verónica Ledesma quien le hizo un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia. “¿Te pusiste algo? No es normal tu sangrado”, la acusaba. Belén le respondía que había ido al baño con un poco de sangre.

En ese momento, el médico José Daniel Martín le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le respondió que desconocía estar embarazada. Eso repetiría luego en todas sus declaraciones.

Luego la jefa de parteras, Marta Monjes, por orden de Martín, acude con la Guardia Policial del Hospital Marcela Sueldo a los baños del Hospital “a la búsqueda del producto que habría expulsado” Belén.

En un baño del hospital -existen contradicciones en el expediente acerca de en cuál de ellos ya que hay varios- encuentran un feto y automáticamente es nombrado por médicos/as, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén, sin tener ninguna prueba sobre ello. Vale destacar que en ningún momento de la investigación judicial se realizó un estudio de ADN. Así consta en el expediente judicial. No obstante, Monjes declaró durante el juicio que cuando acudió al baño donde encontró el feto estaba dentro el personal de limpieza del servicio sanitario.

La joven tucumana declaró también ante los jueces que “un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía ‘mira este es tu hijo’”. También relató en el juicio que “cuando despertó del legrado en su cama de la sala 5 estaba rodeada por varios policías que la inspeccionaban sus partes”.  Todos estos procedimientos son catalogados como formas de torturas y tratos degradantes.

Es importante destacar que el “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,  Juan E. Méndez” de la Comisión contra la Tortura de la ONU, en febrero de 2013, expresó que hay tortura cuando se trata de maltratos a mujeres  “que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales (…) las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales; y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto”

De acuerdo a la nueva defensora de Belén, la abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Soledad Deza esto quiere decir “que toda mujer que llega con un aborto en curso o que tiene un aborto como Belén en un hospital, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que impide a todo el equipo de salud  denunciarla”.

La historia clínica de Belén registra todas las intervenciones policiales y judiciales dentro de la relación médico paciente. Esto es destacable  ya que son múltiples las fuentes jurídicas que  ratifican que el derecho que asistía a Belén en marzo de 2014 fue violado.

  • Ya en año 1966 en el Plenario de Cámaras Penales en Argentina que se conoce como “Natividad Frías”, el Poder Judicial indicó que el secreto profesional prevalece por sobre la obligación de denunciar delitos que tienen los profesionales de la salud.
  • En fallo “Baldivieso” de la Corte Suprema de la Nación indicó en 2010 que los datos que se obtienen en el marco de una relación médico paciente no pueden ser revelados y usados contra el paciente.
  • En Octubre de 2016 el Juez de Instrucción de la III Nominación del Poder judicial de la provincia de Tucumán, Carlos Pisa, indicó que no puede usarse la historia clínica en contra de la paciente precisamente por la obligación de guardar secreto en el caso local conocido conoce como “María Magdalena” y sobreseyó a la acusada porque fueron sus médicos quienes la denunciaron.

Respecto al tiempo de gestación del feto encontrado la investigación también tiene serias contradicciones: desde menos de 12 semanas de gestación hasta 32.  Ningún profesional (ni médico Martín, ginecólogo, ni la licenciada Monje, jefa de parteras, ni el doctor Armando forense judicial, ni la doctora Sueldo, médica de la Policía) justificó en qué criterio basaron sus  apreciaciones aunque todos se suponen tiene competencias para ello.

 

La Justicia muy lejos de ayudar

Belén fue aprehendida en su internación en servicio de salud pública en el momento que interviene la Fiscalía V a cargo de Washington Dávila. Es decir, que desde que ingresó al Hospital Avellaneda, Belén jamás volvió a su casa porque luego se dispuso su prisión preventiva donde continuó –y continúa – hasta el día de hoy: 2 años y 1 mes después. Tenemos un Presidente que asumió procesado, jamás estuvo preso y esta joven de 27 años lleva 25 meses privada de su libertad preventivamente y sin condena firme.

La causa que se inició como aborto y luego se re-caratuló como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” pese a que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto encontrado en el baño del nosocomio. Tampoco hay pruebas de que ella se haya provocado un aborto y mucho menos de que haya matado a una persona. Belén dijo esto a gritos y con llanto al Tribunal este martes 19 de abril cuando fue condenada a 8 años de prisión.

Esta es la historia de una joven mujer de escasos recursos que no pudo tener el acceso a la Salud y a la Justicia como merecía. Primero tuvo el asesoramiento de abogados que le solicitaban decenas de miles de pesos y su familia no pudo juntar el monto solicitado. Así, tres días antes del debate oral, se quedó sin defensa. La defensora oficial Norma Bulacios tomó el caso. Ningún de sus defensores denunció la violación de sus derechos de paciente, lo cual habría podido dar por nulo el juicio de acuerdo a Deza. Los fiscales por su parte habrían investigado un hecho que era producto de un delito como lo es la violación del secreto profesional pese a la jurisprudencia.

Actualmente Belén sigue en un penal en la provincia de Tucumán,  después de años su historia toma conocimiento público y ahora espera próximas instancias para buscar la apelación a esta sentencia.

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