Brito aún no decidió la apertura de la causa del Cepla

14 julio, 2017

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A pesar de que el Fiscal General Gustavo Gómez realizó la investigación preliminar, todavía no se abrió un expediente en la justicia Federal.

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, explicó que cumplió con la tarea de realizar una investigación preliminar a fin de indagar si en la construcción del Centro Local Preventivo de las Adicciones (Cepla) de la Costanera se cometieron delitos. La investigación fue remitida al fiscal federal de la jurisdicción, Carlos Alfredo Brito, quien aún debe decidir la apertura, o no, de la causa.

Según explicó Gómez, decidió iniciar la investigación de oficio a raíz de un informe periodístico, y aclaró que nadie realizó ningún tipo de denuncia. “Yo ya hice todo lo que debía hacer, identifiqué a los responsables, identifiqué el monto de la estafa, identifiqué los posibles delitos que se están cometiendo; más no podía hacer. Ahora le compete al fiscal Brito”, indicó.

APA! se comunicó con la Fiscalía de Primera Instancia de Tucumán N° 1, a cargo de Brito, quienes informaron que aún no se inició ninguna causa en relación al tema.

Investigación preliminar

De acuerdo a la investigación preliminar iniciada por el fiscal general Gustavo Gómez, y a partir de diversos informes solicitados a distintos organismos provinciales y nacionales, se pudo establecer la existencia de un contrato de obra entre la provincia de Tucumán, representada por el arquitecto Juan Luis Pérez (responsable de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo) y el ingeniero Hugo Bruno Bocanera de la empresa B&M S.R.L., en el que se acordó que el precio de ejecución era de $12.583.336,85 y que debía concluir en el plazo de seis meses. Sin embargo, en el “Convenio Específico de Obra” celebrado entre el Gobierno Nacional y el provincial, se especificó que el monto imputado era de $12.806.559,31, resultando una diferencia de $223.222,46.

Una vez que Nación giró los fondos, en enero de 2015, el gobierno tucumano realizó a la empresa adjudicataria un “adelanto financiero” por la obra de $2.561.311,86 y luego se autorizó la transferencia de los fondos restantes, $10.245.247,45. Pero cabe aclarar que la obra recién comenzó el 3 de octubre de 2015 y, según consta en un certificado de diciembre del mismo año, sólo se completó un 43% de la obra.

A raíz de la pesquisa también se pudo establecer que la firma “B&M S.R.L.” había sido integrada por Luis Hugo Rodríguez, Hugo Bruno Bocanera y Gabriel Eduardo Mirkin, aunque este último se desvinculó de la empresa el 26 de mayo de 2010. Sin embargo, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán informó que la sociedad estaba conformada por Bocanera y el ex Secretario de Obras Públicas local, Oscar Simón Mirkin. Lo mismo surge del informe de la Cámara Tucumana de la Construcción.

De acuerdo a dicha investigación, el Fiscal Gómez consideró necesario profundizar la investigación ante la posibilidad de que se hubieran configurado los delitos de estafa en perjuicio del Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y lavado de activos. También requirió profundizar la investigación en torno al arquitecto Pérez y al ingeniero Daniel Diambra, quien fuera designado como representante de la provincia de Tucumán y responsable técnico de la obra en cuestión.

Finalmente, solicitó que se investigue si no se configuró lavado de activos, al tiempo que indicó una serie de medidas de prueba que debían producirse a futuro.

De víctimas a querellantes

“De acuerdo a lo que dice la ley el principal damnificado es el Estado. Pero yo sostengo en mi dictamen que también son víctimas aquellas personas a las cuales el Estado le iba a dedicar esa obra. Si vos vas a construir un centro de esas características, generás una expectativa en el barrio sobre la posibilidad de que los jóvenes puedan recuperarse en ese centro. Al no haberlo construido por esta presunta estafa, desde mi visión,los vecinos también son víctimas de ese delito”, detalló Gómez.

“En mi visita a la Costanera, en reunión con vecinos y jóvenes damnificados, yo les explique que es muy importante que ellos se presenten como querellantes en la causa penal. Si ellos son querellantes y el día de mañana se ordena algún tipo de indemnización, ellos mismos con ese dinero auto gestionado podrían hacer el centro”, agregó.

Para el Fiscal General, el interés que los damnificados puedan llegar a tener en la causa es el principal motor para que esta se lleve adelante. “En todos los casos donde se denuncia corrupción el interés de quienes pueden ser víctimas de esa corrupción, o de quienes hacen las denuncias, ese interés es la medida para que la acción prospere. Por eso fui a ver a los vecinos, porque es realmente importante su participación. Si ellos demuestran interés y se presentan como querellantes yo no tengo dudas de que vamos a llegar al fondo y se van a abrir todas las investigaciones. Ahora, si no hay interés público, no me parece que pueda prosperar la investigación”.

Iniciativa de la Clínica Jurídica de Interés Público

La Clínica Jurídica de Interés Público nace hace aproximadamente dos años, en el marco de la práctica profesional de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, con el objetivo de trabajar sobre casos de interés colectivo.

Debido a la problemática que encierra, desde hace algún tiempo miembros de la Clínica comenzaron a trabajar sobre el caso del CEPLA Costanera. “Lo primero que hicimos fue tratar de recaudar información sobre el hecho, sobre todo que generará la posibilidad de adoptar alguna posición jurídica al respecto. Nos entrevistamos con periodistas, con psicólogos, estudiamos el tema, y elaboramos pedidos de informe al respecto, a partir del estudio de acceso a la información pública”, explicó Ignacio Neme Scheij.

“A partir de ahí, nació la iniciativa de conformar un foro para el debate del tema, donde se convoque a los involucrados directamente, poder recabar información, y tener un contacto directo con La hermandad de los Barrios, las Madres del Pañuelo Negro, los psicólogos, la Secretaria de Adicciones, etc. Es decir, lograr un abordaje desde el aspecto técnico, tanto como el social”, agregó.

La iniciativa aún permanece bajo la forma de proyecto, hasta tanto el Decanato de la Facultad resuelva su aprobación.

Según aclaró Neme Scheij, además de poner a disposición de la sociedad la información obtenida, “el objetivo es poder obtener datos de primera mano de los involucrados y los interesados, yconformar un espacio de dialogo entre las partes afectadas y los que tienen el poder de decisión, para que en un marco de deliberación democrática puedan gestionar una solución”.

Sin embargo, si bien desde la Clínica no le restan importancia al necesario proceso penal en relación a los posibles delitos cometidos en la construcción del CEPLA, creen necesarias otras alternativas que aboguen por la finalización del centro. “Lo que puede prosperar en la causa penal es que se compruebe el delito, pero por más que haya una condena, el Cepla no va a estar. Entonces, además de la faz penal, nuestra preocupación es encontrar otra vía para que el centro se construya”.

 

 

 

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