Cómo abortan las mujeres en Tucumán

10 abril, 2017

Commentario

Géneros
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Desde 1921 interrumpir un embarazo forzado o uno riesgoso para la salud o la vida es una opción legal para toda mujer argentina. El Estado Provincial, como garante del acceso a la salud pública, tiene la obligación de facilitar a las mujeres la práctica médica en todas las instituciones sanitarias. Sin embargo, Tucumán ha sido noticia –lamentablemente- en varias ocasiones por negar estas interrupciones de embarazos, obstaculizarlas hasta prácticamente retirarlas de la oferta sanitaria local, violentar a las pacientes en la confidencialidad y autonomía y hasta mandar presas a mujeres por aborto.

El 10 de Diciembre de 2014 desde Católicas por el Derecho a Decidir, junto a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y la Casa de las Mujeres Norma Nassif, pedimos al entonces Ministro de Salud de la Provincia Pablo Yedlin información sobre la situación del acceso al aborto permitido por la ley en Tucumán. El marco legal de este pedido estuvo dado por el derecho humano a la información pública, pilar del sistema democrático que asegura transparencia en su diseño institucional.

Nuestro pedido “durmió” dos años en sede administrativa y nos vimos obligadas a litigarlo judicialmente ante la Cámara Contencioso Administrativo. Días pasados, orden judicial de por medio, finalmente se dejó de lado el hermetismo administrativo y la información sobre cómo abortan las mujeres en Tucumán nos fue dada a conocer.
Sabemos a ciencia cierta que hoy, según nos informa el Secretario Ejecutivo del SI.PRO.SA Dr. Gustavo Vigliocco, en Tucumán “el estado garantiza el acceso al aborto a través de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia y el Ministerio de Salud de la Nación firmado en noviembre de 2011”. Sabemos también que “en el marco de dicha normativa el Programa cuenta con un Protocolo para la Atención Integral de personas con derecho a interrumpir legalmente un embarazo (ediciones 2010 y 2015) que fue entregado a efectores de la provincia y que se solucionaron varios casos” y sabemos que para la calidad de atención de estos abortos el Ministerio asume haber realizado capacitaciones siguiendo la “Guía para la atención integral de Mujeres que cursan un aborto (2015)”, el “Fallo F.A.L” y las “Recomendaciones de la OMS 2012, FLASOG 2013 y FIGO 2012”.

Dime dónde vives y te diré si abortas
Frente a la pregunta de cuáles son las instituciones que tienen recurso humano dispuesto a realizar la práctica médica de interrupción de embarazo, reconoce el Ministerio de Salud que solamente dos instituciones lo tienen: “Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes y Hospital Eva Perón”. Nos preguntamos, a propósito de esta respuesta, qué pasa con las mujeres que no pertenecen a estas jurisdicciones y que, contando con hospitales en su zona, deben recorrer kilómetros para encontrar información o acceder a la práctica en Capital o Banda del Río Salí.
También nos preguntamos porque reconocemos cómo el estigma del aborto opera en sociedades conservadoras, no solo en las mujeres sino también en profesionales de la salud, además de una injusticia reproductiva para las mujeres del interior, una carga desproporcionada para los profesionales respetuosos de los derechos de las mujeres.

Misoprostol como “bien social básico”
En cuanto al método a través del cual el Estado garantiza estos abortos legales, revela el Informe del Ministerio de Salud que la práctica se realiza en forma “farmacológica mediante el uso de MISOPROSTOL y el AMEU en todas las Instituciones según recomendaciones de la OMS”. Celebramos que el Misoprostol -al encontrarse disponible en todas las instituciones de la provincia- sea finalmente considerado por la cartera de la salud como lo que es: un “bien social básico” como indica el art. 146 de nuestra Constitución Provincial.

Un toque de “clase”
Sabemos hoy que mientras los recursos humanos de la salud pública no están todos dispuestos a garantizar el aborto legal –sólo Maternidad y el Hospital del Este respetan los derechos de las mujeres- “ninguna de las Instituciones Privadas ha manifestado objeción de conciencia”.
Esto nos muestra dos cosas. Al parecer, los reparos morales y religiosos de los efectores parecieran orientarse exclusivamente hacia la atención de mujeres de clases populares que son quienes usualmente se atienden en hospitales públicos. Y al mismo tiempo, podríamos pensar que mientras circule el dinero las conciencias son más respetuosas que objetoras. Valga la pena pensar en la cantidad de “quistes de ovarios” que en coquetos sanatorios sirven de pantallas a abortos de “chicas bien”.

La única verdad es la realidad
Sabemos porque SI.PRO.SA lo dice, que desde el año 2014 se hicieron 3 abortos legales, en el año 2015 se hicieron 6 y en el año 2016 fueron 7. La diferencia de abortos legales con las muertes por abortos es de 4, es decir, mientras entre 2014 y 2016 se hicieron sólo 15 abortos en la provincia, fueron 11 las muertes maternas que se registraron. Pero el verdadero contraste surge frente a los egresos hospitalarios por aborto anuales que nos informa el Ministerio de Salud, que fueron “2013: 2709; 2014: 1366; 2015:1208 y 2016:1324”.
Y sabemos, aunque el SI.PRO.SA no lo diga, que el sub-registro es práctica usual en materia de aborto. Por ello, miremos como miremos las cifras de los abortos seguros realizados en el hospital o las de los egresos hospitalarios que suponen abortos clandestinos ingresados por alguna complicación en la Salud Pública, sabemos que el aborto es parte de la realidad de las mujeres tucumanas.

Soledad Deza – Abogada de Cátolicas por el Derecho a Decidir

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