Conflicto en la Secretaría de Adicciones: la política de cotillón

9 noviembre, 2017

Commentario

Territorial Trabajadores Tucumán
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Trabajadores se manifestaron en la puerta de la secretaría para exigir la reincorporación de 30 compañeros despedidos. Denuncian condiciones de trabajo desfavorables y señalan el impacto negativo de los despidos en un contexto de incremento del consumo problemático de sustancias en los barrios más humildes.

Milagros Argañaraz es psicóloga. En octubre del año pasado comenzó a trabajar en la Secretaría de Adicciones de la Provincia. Hacía trabajo territorial de asistencia y prevención en el Barrio El Palomar, donde hay una población numerosa de adolescentes en situación de consumo. Desde hace dos meses no lo puede hacer. Al igual que 30 de sus compañeros y compañeras, Milagros fue despedida en el mes de agosto. Pero la problemática de los trabajadores y las trabajadoras de la secretaría no comenzó hace dos meses. Tenían contratos de locación de obra, que se vencían y renovaban cada tres meses. Eran monotributistas. No tenían obra social ni aportes jubilatorios. El sueldo estaba por debajo del costo de la canasta básica. Cobraban con hasta dos y tres meses de retraso. No tenían las condiciones laborales básicas, a pesar de ser trabajadores del estado.

“En octubre nos ofrecieron continuar con los mismos contratos hasta diciembre, pero nosotros decidimos no acordar porque eso significa seguir exponiéndonos como trabajadores a condiciones que no son favorables y además porque  eso no resuelve de fondo nuestra problemática”, le dijo Milagros a APA! en la puerta de la secretaría, donde cortaron la calle Crisósotmo Álvarez al 300 para exigir la reincorporación de los 30 despedidos.

El trabajo de asistencia, explicó Argañaraz, consistía en acercar a los chicos en situación de consumo a dispositivos de salud especializados, como el Hospital Avellaneda, el Obarrio o Las Moritas. Eran un nexo entre la población y los dispositivos de salud.

“Además de las dificultades laborales, esto implica políticas públicas vacías que no pretenden transformar la realidad, sino actuar de cotillón”, sentenció.

Por su parte, Marisa Madozzo apuntó contra la situación de precariedad laboral y el impacto negativo que tiene en los chicos el desmantelamiento de los dispositivos terapéuticos. Madozzo trabajaba en los barrios Villa 9 de julio y Oeste II. Según contó, son 32 los barrios que con esta medida se quedan sin dispositivos de asistencia y prevención. “En el mes de septiembre nos informaron que la secretaría se quedaba sin presupuesto para pagar a los trabajadores que hacían tareas en los barrios. Sin embargo, el mes siguiente al anuncio la secretaría contrató profesores para dar talleres recreativos en diferentes barrios, lo cual no es suficiente para atender a la problemática que atañe a las adicciones, ya que dicha problemática requiere tanto la prevención, la asistencia y el acompañamiento para que los chicos puedan acceder a un tratamiento integral, digno y acorde a sus necesidades”, indicó.

Una semana después de iniciado el conflicto la secretaría les ofreció 20 contratos solamente para los trabajadores que estaban en situación de locación de obras. Los profesionales, reunidos en asamblea, decidieron no aceptar esos contratos y exigir la reincorporación de todos los despedidos.

“Es muy grave la interrupción de un proceso de prevención y asistencia de adicciones ya que existe una ley de emergencia en adicciones vigente en la provincia. Esto tiene un impacto negativo en la subjetividad de los chicos, que repentinamente tienen que cortar un proceso de prevención y asistencia y empezar de cero con gente nueva, que no conocen y con los que tal vez no tienen afinidad. Evidentemente la secretaría no está apostando al tratamiento integral que necesitan los jóvenes”, finalizó.

En el barrio Los Vázquez, uno de los más pobres de la capital, la situación es especialmente particular. Se trata de un barrio chico, donde viven 200 familias. El grupo terapéutico está formado por 30 chicos. Desde el dispositivo técnico de la secretaría se acompañó a 15 de ellos, junto a sus respectivas familias, a centros primarios de salud para tratamientos oftalmológicos, odontológicos, cardiológicos y de desintoxicación. Gabriela Morales Perrone, psicóloga que integraba el equipo técnico, explicó que necesita un tiempo de ocho meses a un año para generar un vínculo con los chicos en un barrio, hasta que reconocen a los técnicos, saben a qué van, qué días van, a qué hora y donde se reúnen, para qué están ahí. En el aspecto preventivo del tratamiento, explica Morales Perrone, más de 100 chicos asisten a un merendero en Los Vázquez. Hace un año atrás había tres técnicos trabajando en el barrio. Actualmente, después de los despidos, solo queda un técnico para toda esa población.

Días antes de las elecciones legislativas de octubre Gabriel Yedlin, Ministro de Desarrollo Social, intentó minimizar el reclamo de los trabajadores afirmando que se trataba de una movida electoral: “es un acto político, en el contexto de campaña electoral. Hay organizaciones de izquierda que, políticamente, están trabajando para esta elección en contra del proyecto político de la provincia, que tiene como objetivo cuidar a Tucumán”, dijo en su momento. Por otro lado, los trabajadores afirmaron que el propio Director de la secretaría, Matías Tolosa, les dijo que había una decisión política desde el Ministerio de Desarrollo Social de no renovar los contratos. Además, denuncian que en sus lugares se contrataron a hijos de punteros políticos.

“Las problemáticas en los barrios son muchas: salud, educación, trabajo. Las adicciones son una más dentro de las problemáticas que tiene la comunidad. Las adicciones emergen en un contexto en que los jóvenes no encuentran trabajo, no tienen posibilidad de estudiar, no tienen espacios públicos para la recreación. Los chicos no tienen un lugar donde compartir, encontrarse, fortalecer su autoestima. En este recorrido nos encontramos con chicos que se nos mueren durante el proceso en que intentamos recuperarlos de las adicciones”, se lamentó Manuel Romano, psicólogo social que integra el equipo técnico del barrio El Sifón.

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