¿Cuántas violaciones más a nuestros derechos tenemos que soportar las mujeres? 

5 julio, 2017

Commentario

Columnistas Luciana Gramaglio
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¿Cómo podemos parar la violencia, si es el mismo estado el que nos está violentando?

Que nuestra provincia lleve 14 años sin adherir a la ley implica que el Estado está en una franca violación de Derechos Humanos. La ley 25.673 garantiza el derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva, considerados Derechos Humanos desde el año 1995. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente sin coerción, violencia y/o discriminación.

Esta ley importa el cumplimiento de diferentes tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), La Convención de los Derechos del Niño.

Que la Provincia no adhiera esta ley, implica que está violando el artículo 24 de la Constitución Provincial donde el estado se compromete a garantizar por medio de acciones positivas (como la adhesión a la ley) la real igualdad de oportunidades y de trato y el goce de los derechos tanto reconocidos en la Constitución como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, En el mismo sentido el artículo 67 inciso 6 establece que al Poder Legislativo le corresponde Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres; la protección y desarrollo integral de  la  niñez,  de  adolescentes. Todo ello siguiendo al al art 75 inc 23 de la Constitucion Nacional.

Entonces la desidia del Poder legislativo en adherir a esta ley importa una grave violación a los derechos consagrados en la constitución provincial y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incurriendo en una responsabilidad estatal frente al cumplimiento de estos derechos. Y configura Violencia Institucional, esta violencia es aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley.

 

 

 

 

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