Denuncian que Macri busca privatizar la Dirección Nacional de Vialidad

11 octubre, 2017

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Trabajadores
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El gobierno nacional creó la empresa Corredores Viales S.A.  ‘poniendo de manifiesto sus intenciones acabadas de privatizar dicho organismo nacional’, denunciaron desde el Sindicato de Trabajadores de Vialidad filial Tucumán y la Agrupación de Profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán.

Desde hace una semana, Argentina cuenta con una sociedad anónima que tendrá por objeto las obras necesarias para mantener rutas, autopistas y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional. Se trata de Corredores Viales S.A., una empresa constituida en un 51% por el Ministerio de Transporte y en un 49% por la Dirección Nacional de Vialidad. Además del objetivo privatizador, los reclamos apuntan a que la nueva disposición permitirá al Estado Nacional a sortearse las licitaciones públicas y ser otorgadas a dedo.

“El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el decreto 794/2017 crea la empresa “Corredores Viales S.A.” (constituida en un 51% por el Ministerio de Transporte y en un 49% por la Dirección Nacional de Vialidad), poniendo de manifiesto sus intenciones acabadas de privatizar dicho organismo nacional, sustituyéndolo de hecho en sus funciones, sin los controles y fiscalizaciones correspondientes”, denunciaron desde el Sindicato de Trabajadores de Vialidad filial Tucumán y la Agrupación de Profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán.

El capital social de la compañía será de $ 200.000 porque Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, subvaluó los activos del organismo, anunció La Izquierda Diario. Los directores de la sociedad estarán en sus cargos por tres años, podrán ser reelectos indefinidamente y serán ellos los que establezcan sus remuneraciones. Al tratarse de una empresa, el único límite que tendrán los ejecutivos será del 25 % de las ganancias corporativas.

“El manejo de las vías de comunicación terrestres, como los caminos, tiene enormes implicancias geopolíticas y estratégicas. El Estado no puede dejar en manos privadas tamaña función”, denunciaron los trabajadores tucumanos.

El artículo 4º del decreto establece que no se aplicarán a la nueva sociedad las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 1023), de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, “ni las normas o principios de derecho administrativo”. El decreto no específica como serán los controles de las futuras concesiones. Es decir que los empresarios podrán sortear las licitaciones y que los trámites serán más rápidos. El presidente Mauricio Macri utilizó una vieja ley de Ongania que permite crear este tipo de S.A. para continuar con el denominado capitalismo de amigos.

Ante el reclamo de los trabajadores viales, Lucas Logaldo, Director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política de la DNV, compartió por whatsapp una explicación.

“Hace unos meses fuimos al Congreso y expusimos que si la concesión AECSA de Cristóbal Lopez seguía incumpliendo su contrato se la íbamos a rescindir. Pasaron los meses y no sólo siguió incumpliendo su contrato sino que también se quedó con 750 millones de pesos del RAE (recurso de afectación específica) que tenía que invertir para obras. Por se motivo se empezó la rescisión del contrato con AECSA. Corredores viales SA se crea para poder hacerse cargo de esa Concesión hasta que se licite la nueva que va a ser por ppp y se adjudicará el año que viene. Es una SA tenporario por más que diga 99 años (así se conforman las SA), y se crea para poder absorber temporariamente a los trabajadores de los peajes, porque vialidad no puede hacerse cargo de los peajistas durante la transición”, expresó.

Surge, necesaria, la pregunta: si el problema es con Cristobal López por incumplimiento de contratos, ¿por qué no le rescinden? Supongamos que no pueden. ¿Por qué armar una Sociedad Anónima que tiene las mismas funciones que un organismo Nacional existente como la DNV? El oficialismo promete que sólo durará un tiempo. Pero en el decreto no lo especifica. La justificación del gobierno nacional es muy pobre. Todo lleva a concluir que quieren vaciar Vialidad Nacional y transferir recursos económicos y humanos hacia la nueva S.A, eso si esta especificado en el decreto.

Su explicación no tranquilizó a los trabajadores. Es que el artículo 8 del decreto alude a la transferencia de trabajadores de la DNV a dicha sociedad anónima. “Abre las puertas a la violación del derecho a la estabilidad laboral de los empleados del Estado, contemplado en el art. 14 Bis de la Constitución Nacional”.

Por esa razón, desde Tucumán reclamaron “la derogación del decreto 794/2017 y que el PEN exprese con claridad sus reales intenciones”, indicaron Víctor Hugo Bazán, Secretario General Sindicato DPV Tucumán y Marcelo A. Nazur,  Presidente Agrupación de Profesionales de la DPVT.

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