Dos mujeres trans están detenidas hace más de una semana en condiciones precarias y discriminatorias

10 julio, 2017

Commentario

Generos
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Paula Orellana y C.M. son dos mujeres trans que están detenidas hace más de una semana en condiciones precarias y discriminatorias que contradicen los testimonios de los responsables del área de seguridad de la Provincia.

El sábado 1 de julio a la medianoche el frío no sorprendía a quien se animara a salir de su casa. Mucho menos a C.M. que se encontraba trabajando en la esquina de Catamarca y Santiago. Para ella y para tantas mujeres trans, salir a trabajar de noche en la intemperie se siente casi como un destino. Las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas son numerosas: insultos, agresiones físicas, burlas, explotación sexual, privación ilegítima de la libertad, entre otras. Ese 1 de julio no fue la excepción.

De acuerdo al testimonio de Emilio Guagnini, abogado de C.M. e integrante de ANDHES, mientras C.M. se encontraba en la esquina, un hombre salió furioso de uno de los hoteles que se encuentra frente a la plaza. Repetía que le habían robado 30 mil pesos y culpaba a C.M., entre otras personas. La Policía llegó hasta el lugar y creyó la versión del hombre: detuvo a cuatro personas, entre ellas a C.M. y la llevó a la Comisaría 1º. A la hora de alojarla, los oficiales le pidieron su documento de identidad. Su identidad de género autopercibida no concordaba con lo que constaba en su DNI. Este fue motivo suficiente para no alojarla con otras mujeres, y la encerraron a pocos metros de aproximadamente 30 hombres detenidos. Para pasar la noche, la llevaron a la cocina de la comisaría y al otro día improvisaron una celda en un pasillo, cerca de una oficina.

Unas horas antes, cerca del mediodía, una mujer trans llamada Paula Orellana y su pareja Lauriana Medina se encontraban en la misma zona cuidando autos cuando se produjo una discusión entre ellas y un automovilista que, cuenta Fabián Vera del Barco -integrante de Tucumán Diverso- “no quería pagar ni estacionar en el lugar indicado por las mujeres. Empezó a insultarlas y ellas respondieron verbalmente. Jamás hubo contacto físico. El automovilista llamó a la Policía y las denunció. La Policía las detuvo y las encerró en la Comisaría Primera”. Al otro día Paula fue trasladada a la Brigada Femenina de la Comisaría 2º. Lauriana, mujer cis, fue liberada.

Como explica Fabián, Paula es una persona con discapacidad psicosocial y con VIH. Sin embargo, estuvo al menos tres días sin poder acceder a la medicación que toma diariamente. Hoy duerme “en un ‘chanchito’: una celda de 2 metros por 1,5 metros aproximadamente, sin luz, con un camastro de cemento, con un simil colchón, con una colchita en pleno invierno, y con una puerta de chapón con sólo un agujero para mirar”. Además, no tiene garantizado el acceso a su tratamiento médico. “La propia jefa del lugar, la policía principal, nos dijo que no debería estar Paula allí”, señala Fabián.

Paula también tiene a su cargo el cuidado de su madre de más de 80 años, quien debido a la detención de su hija, se encuentra sola y no puede suministrarse la medicación que necesita. El sábado 8 de julio, Fabián y Claudia Díaz, directiva del CeTrans, fueron a visitarla en la Brigada, donde Paula les contó que tuvo una crisis de nervios y que la llevaron a la Asistencia Pública. “Estaba llorando, dijo muchas veces que no hizo nada para merecer estar presa. Que es un sufrimiento muy grande esta injusticia, que tiene frío. La vimos con mucha congestión nasal y mocos verdes, creemos que tiene un proceso de infección. No nos dejaron pasar un Mantecol ni pañuelos al patio”.

Violencia y discriminación policial

Las fuerzas de seguridad en Argentina tienen una larga historia de violencia institucional ejercida contra las personas trans. Como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”. Un ejemplo de esto lo ofrece el informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina. Evaluación sobre el cumplimiento de la CEDAW” elaborado por ANDHES, ATTTA, CELS, COPADI entre otras organizaciones, en el cual se consigna que, de acuerdo a la primera encuesta que realiza el INDEC sobre la población trans en 2012, “el 83% de las personas trans y travestis encuestadas habían sido víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial. En este punto debemos destacar que las estadísticas y datos disponibles no reflejan la verdadera dimensión de la violencia. Además de los obstáculos que existen para denunciar a los agentes del Estado por su intervención en actos de violencia, se deben sumar la falta de adecuación de los registros de este colectivo, lo que imposibilita conocer si la denuncia fue formulada por personas trans sin cambio registral”.

Justamente este último dato está relacionado con la situación de C.M., cuyo ingreso a la comisaría no fue registrado respetando su identidad de género, lo cual implica un incumplimiento de la ley 26.743 de Identidad de Género, la cual sostiene en su artículo 12 que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados”. El artículo que le sigue refuerza este punto: “Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo”.

En el informe, se menciona el caso de Celeste, una mujer trans que fue sometida a violencia física y psicológica, y abusada sexualmente en la Comisaría 4º por policías y hombres detenidos en la dependencia, en 2013. Tres años después, se llevó a cabo un juicio oral en el cual ninguno de los acusados fue condenado por abuso.

Al día siguiente de la detención de Paula y C.M., el diario La Gaceta publicó una nota sobre un taller para policías tucumanos que dictó el INADI llamado “Buenas prácticas y trato digno en el ámbito de la seguridad pública: diversidad sexual e identidad de género”. De acuerdo a la publicación, esta capacitación era una iniciativa del área de seguridad provincial. El secretario de Seguridad de la Provincia, Paul Hofer, fue citado en el artículo diciendo “buscamos profesionales que actúen con objetividad, con transparencia, con los estándares que corresponden”.

En el mismo artículo, Emilia Muñoz, coordinadora de Comunicación del INADI, explicó que en las capacitaciones “se les indica (a los policías) quién debe requisar a esa persona, qué derechos tiene esa persona y cómo llenar un formulario. La ley prevé que, independientemente del cambio registral, a las personas trans se las debe tratar como se autoperciben, independientemente de la genitalidad o el sexo asignado al nacer”. Luego agregó: “esa persona puede o no haber cambiado su DNI, sin embargo la Policía o el personal de cualquier ámbito tiene la obligación de tratarla como se autopercibe”.

En resumen, hace más de una semana que C.M. y Paula Orellana se encuentran detenidas en condiciones denunciadas por organismos de derechos humanos, prohibidas por la Ley de Identidad de Género y reconocidas como discriminatorias por las capacitaciones dictadas hacia los propios policías por el área de seguridad de la provincia de Tucumán.

Las causas de Paula y de C.M. se encuentran en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal VII a cargo de Arnoldo Gustavo Suasnábar. Ambas deben esperar hasta apróximadamente el 14 de julio para ser liberadas. Fabián Vera del Barco y Claudia Díaz presentaron un Hábeas Corpus hoy a la tarde en Tribunales al juez de turno Víctor Manuel Rougés, Juzgado II en lo Penal. Deben aguardar 24 horas por una respuesta.

“Creemos que el poder judicial y la policía se ensañan con las personas transgénero, transexuales o travestis”, sostiene Fabián Vera del Barco, “y se aprovechan del conservadurismo de la sociedad tucumana que no respeta la diversidad de géneros para imponer prácticas normalizadoras, patriarcales y machistas, con la intención de aleccionar al resto del colectivo”.

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