El ajuste del Estado acorrala a los trabajadores al servicio de los sectores populares

8 febrero, 2018

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Trabajadores Trabajadores Tucumán
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Trabajadores de diferentes direcciones y programas del Ministerio de Desarrollo Social se encuentran a la espera de la renovación de sus contratos. A esto se suma la precariedad laboral que padecen en la práctica cotidiana de sus tareas y la modalidad de pasantías con las que los profesionales son reemplazados en el abordaje de la población más vulnerable.

Trabajadores autoconvocados del Ministerio de Desarrollo Social se reunieron en asamblea el pasado lunes 5 de febrero, ante la situación de incertidumbre que padecen profesionales de distintas reparticiones en relación a la situación contractual. De la reunión también participaron trabajadores del INTI. “Desde el 2016 comenzamos a juntarnos como autoconvocados, y ya a fines del año pasado comenzamos a juntarnos especialmente los contratados, sobre todo de la Dirección de Familia y algunos trabajadores de la Dirección de Juventud”, comentó la psicóloga Sol Forgas, quien desarrolla su trabajo en el Instituto de menores Julio A. Roca.

Según explicó la profesional, los trabajadores retomaron las asambleas ante “la preocupación por el vencimiento de alrededor de 30 contratos el lunes 5 de febrero, además de los que vencerán el domingo 10 de febrero, y los que ya se vencieron en el mes de diciembre del 2017”.

Ante sus reclamos, los trabajadores consiguieron una reunión con la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Beatriz Martini, quien finalmente los recibió el pasado jueves 1 de febrero, donde “se comprometió a trabajar y hacer todo lo necesario para destrabar el expediente del proceso burocrático. Siempre en referencia al vencimiento de los 30 contratos. Al día siguiente, viernes 2 de febrero, alrededor de las 16 horas recibimos el llamado de que los contratos ya estaban firmados y debíamos pasar a retirarlos”.

Si bien desde el Ministerio comunicaron inmediatamente en su página oficial que el conflicto estaba solucionado, los trabajadores denuncian que aún no tienen novedades sobre el expediente de contratos que vencieron en diciembre del 2017, y los que están próximos a vencerse el 10 de febrero. “El espíritu de la Provincia es mantener el empleo, en la medida que los fondos provinciales lo permitan”, aclara el comunicado oficial de la cartera.

“De los 800 trabajadores de la Dirección de Familia, no tenemos exactamente el número de cuantos estamos contratados, pero somos un porcentaje alto. Y sabemos que en la Dirección de Juventud hay trabajadores en la misma situación”, aclaró Forgas, quien además recordó la difícil situación que atraviesan desde hace varios meses los profesionales de la Secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones, quienes también se encuentran a la espera de la renovación de sus contratos luego del desmantelamiento de los equipos territoriales.

Según explican, no se trata simplemente del vencimiento de contratos o el reclamo por la renovación de los mismo. La situación tiene que ver con las políticas públicas y las decisiones que desde el Estado se están tomando en perjuicio de sectores más vulnerables. Se trata de una serie de expedientes de renovación de contratos que datan del año pasado incluso, que se encuentran a la espera de la burocracia y la simple firma de las autoridades competentes. Los expedientes están, pero la decisión no. Para los trabajadores el ajuste del Estado se recrudece cada vez más, afectando muy especialmente a los profesionales destinados a trabajar con los sectores populares.

Precariedad laboral, contratos basura y pasantías

Entre sus reclamos, los profesionales denuncian que hay muchos trabajadores que hace cinco años se encuentran bajo la modalidad de contratos de locación de servicio, sin perspectiva alguna de pasar a planta transitoria, tal como corresponde luego de tres años de servicio. Incluso cuando esto fue aprobado en el acuerdo de las paritarias del 2017. Hay trabajadores del Instituto Roca, por ejemplo, que este año van por su sexto contrato de locación de servicio.

Otro de los reclamos está relacionado a la situación de los trabajadores que poseen contratos de locación de obra, la forma más precaria que tiene el Estado de contratar, durante períodos de tres meses, incluso con deudas salariales de por medio.

A esto se suma la modalidad de pasantías que hace varios meses viene implementando el Ministerio. Jóvenes estudiantes que comenzaron a ingresar en distintos dispositivos, en algunos casos asumiendo el rol de profesionales, realizando asistencias e intervenciones sin el acompañamiento necesario. Trabajo para el que aún no están capacitados y por el cual se les paga un sueldo mínimo. Se trata de una modalidad mediante la cual reemplazan a las plantas de profesionales con pasantes.

Para los trabajadores dicha situación avizora un panorama complicado, e incluso se preguntan qué sucederá si se llega a implementar la ley de Flexibilización Laboral. Para ellos no se trata de un ataque hacia las pasantías, el punto es que no reemplacen a los profesionales y que el derecho a la salud no puede ser asistido por un estudiante.

Incluso quien aún conserva su trabajo, debe enfrentarse a la precariedad laboral cotidiana. Hay dispositivos territoriales que no poseen un móvil para trasladarse hacia los barrios. De esa manera los profesionales se ven imposibilitados de realizar visitas y acudir a la población para su atención. Esto lleva a que muchas veces los profesionales utilicen recursos personales con el objetivo de no cortar los procesos de trabajo.

 

 

 

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