El plan que no existió: qué pasa con las personas privadas en libertad

4 mayo, 2020

Commentario

Derechos Humanos Destacada Tucumán

En los últimos días, medios de comunicación y sectores de la oposición generaron una histeria colectiva denunciando un plan para ‘liberar presos’. Sin embargo, los números oficiales demuestran que solo el 3% de los presos de la Argentina fueron beneficiados con medidas legales que incluyen salir de la cárcel. En Tucumán, solo 70 personas privadas de libertad recibieron los ‘beneficios’. ¿Qué hay de cierto en los miedos de vecinas y vecinos? Por Matías Lorenzo Pisarello*, especial para APA!

Una vecina me llamó por teléfono, me pidió que arme un grupo de whatsapp del edificio y que ponga un cartel en la puerta para que cierren bien la puerta porque la ciudad ‘se llenó de los presos que liberaron’. ¿Ese temor es realmente genuino o simplemente fue inducido por una política despiadada que aprovecha cada segundo de distracción para plantar su semillita de votos? ¿El Poder Judicial se despertó apurado de su viejo y pesado sueño y empezó a resolver cuestiones que antes no resolvía?

Argentina tiene una población carcelaria de unas 100.000 personas. Durante la pandemia se calcula que no más de 3.000 personas fueron “beneficiadas” con medidas legales que incluían salir de la cárcel: algunas fueron excarceladas y otras mandadas a sus casas bajo la modalidad de arresto domiciliario. En Tucumán se especula que desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) esos “beneficios” fueron otorgados a 70 sobre un total de 1500 aproximadamente. En ambos casos hablamos de un 3% de la población penitenciaria, aunque no sabemos en detalle cada una de las medidas aplicadas.

¿Cómo funciona el sistema de salidas? Según el resultado de determinados informes, existen dos posibilidades de comenzar a salir con anticipación: a la mitad de la condena pueden iniciar las salidas transitorias, o sea, salir de día a trabajar y volver de noche a dormir al penal; y la libertad condicional, que se otorga a los 2/3 de la condena bajo supervisión del Patronato de Liberados.

Con la dicotomía que caracteriza a nuestra sociedad, nos dividimos en dos partes. Por un lado, aquellos que creen que las personas que cometen delitos deben perder solo el derecho a la libertad y, por el otro, quienes ven en la cárcel un depósito de personas que no tienen lugar en el mundo civilizado.

Esa ventana, que se encontraba cerrada y que la pandemia logró abrir, nos brindó la posibilidad de rediscutir rápidamente lo que allí sucede y puso a los jueces y juezas en el incómodo lugar de resolver cuestiones que debían haberse resuelto en otro momento.

Son los poderes judiciales quienes tienen la potestad de decidir sobre la libertad o la privación de ella en los casos de personas acusadas o condenadas de la comisión de un delito. Culpar y responsabilizar al Poder Ejecutivo de “liberar presos” puede ser al mismo tiempo un acto para atacarlo o, bien, para esperanzase que alguien intervendrá en un campo olvidado. Pero hay que aclararlo: los poderes ejecutivos tienen la facultad de ocuparse que las cárceles sean ‘sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas’, según plantea la constitución nacional.

 

¿Hay que tener miedo?

Podríamos volver a los interrogantes y preguntarnos entonces si asustarse y salir con las cacerolas es un acto puro y simple de ignorancia, o si es válido que mi vecina (o la suya) tenga miedo.

Las respuestas no son exactas. Los sentimientos se construyen en base a la realidad que vivimos y a un montón de datos a los que la prensa les agrega exageraciones. Por su formación educativa, política e ideológica, y por su historia de vida, una persona podría sentir más temores que otra.

Tucumán desde hace muchos años tiene números alarmantes de violencia: el 27.5% de las personas detenidas están acusadas de la comisión del delito de homicidio, casi un 200% más que la media nacional para el mismo delito. Pero eso no es todo. El 16% de su población penitenciaria cometió algún delito de índole sexual y el 33%, delitos contra la propiedad (robo agravado y hurto).

Pero también es cierto que las provincias del Noroeste argentino cuentan con aproximadamente el 40% de su población por debajo de la línea de pobreza, con un 45% de la población en edad de trabajar que se encuentra empleada de manera informal y con el 11% de desempleados.

La violencia y la falta de trabajo son datos reales, aunque ninguno de ellos nos sirve para debatir, en este momento, sobre cómo debe ser la cárcel, ni sobre las medidas que deberían aplicar los jueces contra quienes cometen delitos.

A diferencia del imaginario social, lo único que siempre se cumple son las penas. Quienes no realizan su parte son quienes demoran los procesos judiciales para iniciar las investigaciones y quienes gobiernan los establecimientos penitenciarios. Reclamar que una persona no salga o no obtenga “beneficios” es ir contra la ley.

Esta pandemia nos dejó algo en claro. El Estado debe cambiar. El Poder Judicial debe acercarse a la sociedad y dar más explicaciones de lo que hace, y lo que no, en materia penal. El Poder Ejecutivo debe retomar el control de las cárceles y devolver la dignidad a quienes se alojan allí.

Pero ojo, quienes militamos en organizaciones de derechos humanos también tenemos que cambiar. Es común escuchar “derechos para todos, pero no para quienes cometieron delitos sexuales”. “Derechos para todos, pero no para quienes fueron responsables del genocidio”. Derechos para todos, pero no para quienes mataron a sus hijos/as”. “Derechos para todos, pero no para los tranzas que arruinaron el barrio”.

Pensar una sociedad justa implica hacernos cargo de que algunas cosas pueden molestarnos un poco o no gustarnos. Si el COVID-19 ingresara a los establecimientos penales, la demanda de servicios médicos no tendría la capacidad ni los insumos ni los recursos médicos para atenderlas.

Si la vecina tiene miedo, y por sobre todo no tiene argumentos, no debemos enojarnos, debemos esforzarnos y hacerla entender que todas las personas merecen acceder al derecho de salud en iguales condiciones y con el mismo alcance. Las personas privadas de su libertad ambulatoria mantienen intacto ese derecho. Que la Justicia no condene a tiempo o que el Poder Ejecutivo no garantice todos nuestros derechos no puede dar lugar a reclamar otras vulneraciones. Hablar de justicia e igualdad ante la ley implica comprender que a veces debemos ceder.

 

 

Matías Lorenzo Pisarello es abogado especializado en Criminología y coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos de Andhes (Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

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