En cuatro años, murieron 14 mujeres tucumanas por abortos clandestinos e inseguros

10 abril, 2017

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Un informe del Ministerio de Salud de la provincia, al que APA! accedió de forma exclusiva, revela por primera vez la problemática del acceso a las interrupciones legales del embarazo en la provincia, la ausencia de políticas públicas y los datos de un tema que el Estado se niega a abordar en  su complejidad.

Entre 2012 y 2016, murieron 14 tucumanas por aborto. Cada semana, 27 mujeres tuvieron que buscar asistencia por complicaciones producto de abortos clandestinos e inseguros. Entre el 2014 y el 2016, se hicieron en la provincia 16 abortos legales. Sólo en dos hospitales se practican interrupciones legales de embarazos. En cambio, no hay ningún sanatorio privado que haya manifestado oposición a la realización de abortos.

Los datos surgen de un informe que lleva la firma de Gustavo Vigliocco, secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), y Conrado Mosqueira, secretario general administrativo del Siprosa, y responde a un pedido de información realizado el 10 de Diciembre de 2014 por Católicas por el Derecho a Decidir,  la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y la Casa de las Mujeres Norma Nassif.  Las organizaciones solicitaron al Ministerio de Salud de la Provincia un informe sobre la situación del acceso al aborto permitido por la ley en Tucumán. Tres años tuvieron que pasar, con una orden judicial de por medio, para acceder al cuadro preocupante que viven miles de mujeres por año. APA! accedió de manera exclusiva al documento.

El Siprosa tuvo que romper el hermetismo sobre la situación del acceso al aborto permitido por ley en Tucumán. Los datos crudos revelan la gravedad de este problema de salud de las mujeres, la cantidad de tucumanas que llegan a los hospitales con complicaciones por aborto,  las que mueren a raíz de esta práctica en Tucumán, las discriminaciones y las falencias de las políticas públicas para revertir las cifras de morbimortalidad por aborto.

Un problema de salud pública                                                                                                                                          

Las mujeres y niñas tucumanas llegan a los hospitales en situaciones de emergencia por abortos, recorren kilómetros acompañadas o solas con la incertidumbre de cómo será el trato que recibirán. Un proceso largo y dificultoso con las consecuencias de riesgos en la salud y la desesperación de haber recurrido a métodos inseguros y clandestinos para interrumpir embarazos que no estaban en su plan de vida. Se encuentran con obstáculos, desidia, ignorancia, miradas médicas nubladas de prejuicios y deshumanizadas decisiones sanitarias de no respetar derechos.

Concurren a los hospitales de a miles por año cuando la situación se desbordó por el estigma que pesa sobre ellas. La interrupción del embarazo antes de las veinte semanas de gestación tiene consecuencias en la salud y llegan a ser fatales por su clandestinidad y por la falta de políticas efectivas que atiendan este problema de salud. Los casos hablan de un Sistema Provincial de Salud que prefiere atender las consecuencias y no prevenir. Que prefiere ver a las enfermedades y las muertes de mujeres como un castigo.

Murieron 14 tucumanas por aborto, de 2012-2016, según el registro arrancado al SIPROSA. Sin contar la muerte de una mujer de 37 años, que el 22 de marzo de 2017, luego de una intervención clandestina, fue derivada después de horas al Instituto Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes “en estado de shock hipovolémico por la gran cantidad de sangre perdida”. De acuerdo a profesionales de la salud estas muertes son completamente evitables. “La muerte (por aborto) es el evento final de un largo camino que se inicia por la falta de educación, la falta de aplicación de la ley de salud sexual” expresó Mario Sebastiani, doctor en Medicina en la División Tocoginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Existe un importante índice de subregistro de estas muertes ya que muchas veces son informadas como hemorragias o sepsis sin consignar que la causa ha sido un aborto inseguro. Esta omisión registral tiene que ver con “el desconocimiento, la muerte en unidades de cuidados intensivos catalogadas como paros cardíacos o anemias graves y que no logran registrarse como mortalidad materna. Esto también les conviene a los políticos y a los administradores de salud para no estar relacionados con el aborto” asevera Sebastiani.

Otro dato del cuadro de gravedad de esta problemática sanitaria son los egresos hospitalarios por aborto, que en Tucumán fueron 1324 durante el año pasado. Esta cifra es alta desde hace cinco años: en el 2013 fueron 2709; en 2014 unas 1366 y  en 2015 llegaron a 1208. Esto implica que el año pasado cada semana 27 mujeres tuvieron que buscar asistencia por complicaciones producto de abortos clandestinos e inseguros.

Esta cantidad de casos no despierta alertas. En septiembre de 2016, 20 casos de paperas por semana en Tucumán fueron noticia en los medios hegemónicos de comunicación. En cambio, que cada siete días entre 25 y 27 mujeres concurran a las instituciones sanitarias con su salud en peligro por una interrupción del embarazo no despierta la publicación de alertas ni en funcionarios públicos, administradores de salud, ni en los medios de comunicación, ni en las academias.

“Es inadmisible que por la obcecada actitud de prohibir el aborto, la salud pública en vez de prevenir el embarazo no deseado y el aborto, tenga que ocuparse de sus complicaciones por la clandestinidad. Un concepto a contramano de lo que es salud pública cuyo objetivo es el de prevenir” reclamó Sebastiani.

Esto es coherente con la negativa violenta de los parlamentarios tucumanos en tratar la adhesión a la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Hace trece años es una deuda con la prevención, la anticoncepción y la capacitación integral de las instituciones sanitarias. A esto se suma que en los centros asistenciales primarios faltan insumos de anticonceptivos y preservativos, y el hecho de que el Ministerio de Educación de la Provincia no aplica en todas las escuelas la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.

Políticas débiles de salud sexual

 No se puede pensar el contexto actual sin conocer cuáles son las medidas que está aplicando la cartera de Salud tucumana.  Dentro del informe que brinda Si.PRO.SA se detalla la realización de capacitaciones dirigidas a los efectores de salud con los materiales proporcionados por el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación: “Guía para la atención integral de mujeres que cursan un aborto”, “Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012, y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FiGO).

Sin embargo el Si.PRO.SA reconoce que estos talleres estaban dirigidos sólo a “profesionales médicos ginecólogos y obstétricos”. No cubrieron a los equipos de salud de forma integral, como por ejemplo a las áreas de salud mental,  enfermería, atención al público, etc.

Dichas capacitaciones no tienen en cuenta la Ley 26.529 de “Derechos del Paciente” que asegura que frente a la consulta de aborto toda paciente tiene derecho a recibir atención e información sanitaria, a que se respete su autonomía, que se brinde un trato digno y respetuoso y que se respete su intimidad y confidencialidad.

Obligación estatal escasa

En Argentina, desde hace casi 100 años, está permitida por ley la interrupción de embarazos forzados y los embarazos riesgosos para la salud y la vida. Las interrupciones legales de embarazos (ILEs) deben ser atendidas siguiendo los criterios sentados en el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Si.PRO.SA informó que “en el año 2014 se hicieron 3 abortos legales, en el año 2015 se hicieron 6 y en el año 2016 fueron 7. La diferencia de abortos legales con las muertes por abortos es de 4, es decir, mientras entre 2014 y 2016 se hicieron sólo 16 abortos en la provincia, fueron 11 las muertes maternas que se registraron” interpreta Soledad Deza, abogada de Católicas por el derecho a decidir.

Se observa una escasa aplicación de la cobertura que amparan las leyes y lo planteado por la CSJN que en el fallo F.A.L exhorta “a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular, deberán: contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas; eliminar requisitos que no estén médicamente indicados; y articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencias para la salud de la solicitante”.

Otro dato que llama la atención del informe es que sólo en dos hospitales se practican interrupciones legales de embarazos (siguiendo el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo): Instituto de Ginecología y Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes y el Hospital del Este Eva Perón. Por un lado, esto implica una discriminación hacia las mujeres de la zona sur y de los valles que deben recorrer grandes distancias para acceder a este derecho. Por otro lado, esto genera una sobrecarga a los profesionales que realizan las prácticas y una consecuente estigmatización.

Diferencias para las mujeres según su clase social

Llamativamente, en el sector privado no hay ninguna institución que haya manifestado oposición a la realización de abortos. La diferencia entre lo público y lo privado expone las grandes limitaciones a las que se enfrentan quienes cuentan con recursos limitados.

“Esto nos muestra dos cosas. Al parecer, los reparos morales y religiosos de los efectores parecieran orientarse exclusivamente hacia la atención de mujeres de clases populares que son quienes usualmente se atienden en hospitales públicos. Y al mismo tiempo, podríamos pensar que mientras circule el dinero, las conciencias son más respetuosas que objetoras” analizó Deza.

Al respecto de los datos arrancados a las autoridades del Ministerio de Salud de Tucumán, la abogada de CCD, una de las organizaciones firmantes, manifestó que “en tiempos de democracia donde uno de sus postulados básicos es la transparencia, que el movimiento de mujeres deba litigar 3 años para acceder a datos de una realidad de muerte y morbilidad de las mujeres, indica que nuestras preocupaciones no figuran en las agendas de los gobiernos”.

Respecto al resto de los hospitales públicos, el Ministerio de Salud no responde si ha reorganizado los recursos humanos disponibles para garantizar la práctica médica.  Al contrario, arguye que sólo se ha dictado cursos sobre derechos sexuales y reproductivos en los servicios de salud públicos.

Las interrupciones legales del embarazo (ILEs) registradas por el Si.PRO.SA se hicieron, en primer lugar, con el uso de Misoprostol y en caso de ser necesario se utiliza la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU). En el mismo informe, las autoridades sanitarias tucumanas señalan que este medicamento se encuentra disponible en todas las instituciones.

De esto se desprende que no se cubre la demanda por abortos legales de mujeres que pueden acceder a los servicios de la maternidad de Concepción, Monteros y en el Hospital de Clínicas de Avellaneda. Contrariamente a lo que señala el fallo de la CSJN respecto a que toda institución de salud debe contar con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley en los casos de abortos legales.

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