Informe sobre la cuarentena en los barrios populares

2 abril, 2020

Commentario

Derechos Humanos Destacada Tucumán
Foto: María Eugenia Cerutti. Revista Crisis.

Revista Crisis publicó un dossier que reúne informes provenientes de 14 provincias argentinas,  realizado durante el último día de marzo, y que se enfoca en dos preguntas principales: ¿Se está cumpliendo el aislamiento social obligatorio en los barriadas pobres? ¿Estamos ante una deriva autoritaria especialmente contra los sectores populares? No podemos ofrecer respuestas terminantes, pero los indicios recolectados contradicen al sentido común y nuestras intuiciones de partida. Entre tanto, acaba de confirmarse el primer caso positivo de coronavirus en una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Un mapa para ingresar a la segunda etapa de la cuarentena. Compartimos el informe realizado por el cronista de APA!, Sebastián Lorenzo Pisarello.

La policía tucumana es la vedette de la cuarentena. Luego de años de desprestigio como consecuencia de la sedición que la tuvo como protagonista en diciembre de 2013, le llegó el turno de ponerse al frente del cumplimiento del aislamiento social, obligatorio y preventivo ordenado por Alberto Fernández a partir del 20 de marzo y llevado adelante por el gobierno provincial de Juan Manzur apelando principalmente a la faz represiva estatal.

Las consecuencias no se hicieron esperar: en apenas dos semanas, fueron detenidas 1800 personas. Los controles se realizan conjuntamente entre la Policía, Gendarmería, Policía Federal y Aeroportuaria, Ministerio Público Fiscal y personal de seguridad que tiene cada municipio. Ante la saturación de todos los lugares de detención (cárceles y comisarías), la provincia habilitó lo que denominaron “centros de detención” en distintas localidades. El principal fue en el Complejo Belgrano en San Miguel de Tucumán, un polideportivo público.

En las barriadas más humildes el acatamiento del aislamiento es bajo o “medio” en el mejor de los casos, según un Informe preliminar del Programa de Mejora del Hábitat Participativo (Mhapa) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT/CONICET. Los datos son un recorte de un relevamiento más amplio coordinado por Conicet para recabar información precisa sobre las condiciones de cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio

Entre los obstáculos detectados por los investigadores sociales se encuentran la necesidad de salir a trabajar para hacer las compras diarias, las condiciones de hacinamiento que hacen imposible mantenerse dentro de la vivienda y situaciones de conflicto más allá del virus como la “dinámica de los jóvenes con el alcohol y la droga”.

El informe plantea que el “accionar de la policía en los sectores urbanos se presenta con hostigamiento e infringe temor, no de sentimiento de contención” y advierte que se “observa falta de alimentos, así como alcohol y alcohol en gel, lavandina, repelente u otros insumos de cuidado”. Y concluye: “si los días de cuarentena se extienden hay temor al caos, ya que sin asistencia no habrá posibilidades de sostener el escaso aislamiento que se practica en los barrios populares debido a la dificultad de subsistencia”.

 

Represión

 

Durante la primera semana de cuarentena se viralizaron videos donde se ve a la policía ingresando a barrios populares, reprimiendo con balas de goma y deteniendo gente de manera violenta que luego serían hacinados en comisarías que ya están superpobladas. Tucumán tenía antes del aislamiento 1500 personas detenidas en establecimientos penitenciarios y unas mil personas detenidas en comisarías.

No sólo son procedimientos violentos, sino arbitrarios. En los territorios de clases medias o altas, la policía “es democrática, educativa, concientizadora. Y, para el otro sector de la sociedad, lo hace mediante la violencia física y psicológica, a través de obediencia, autoritarismo, maltratos”, expresó Manuel Romano, psicólogo social y delegado de los trabajadores de la Secretaría de Adicciones de la Provincia de Tucumán.

La delegación Tucumán de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente presuntos delitos cometidos por personal policial. En la presentación se plantea que uniformados pedían entre $1500 y $15 mil pesos para liberar a detenidos por violar la cuarentena. A partir de entonces, se decidió concentrar todos los aprehendidos en el Complejo Belgrano, donde se constataron nuevas arbitrariedades.

“Para evitar la superpoblación, el Ministerio Público Fiscal decidió que una vez que la policía aprehende a la persona, se la identifica, se labran actuaciones por violación al artículo 205 del Código Penal, se piden informes de antecedentes y una vez que está ese información, se los deja en libertad. No debería demorar más de 7 horas pero en la realidad están demorando más de 24 horas”, indicó Carlos Garmendia, representante en la provincia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Distintos testimonios dan cuenta de detenciones que duraron entre 48 y 72 horas, sin alimentación ni agua. Juan es limpiavidrios y trabaja en la zona de San Cayetano (barrio popular del sur de la capital tucumana). Depende de lo que recauda cada día para comer. En ese contexto la policía lo detuvo durante dos días. “Son ‘abusos’ acá. No les importa nada. Me tuvieron parado en la tribuna. No me dieron comida y todo el tiempo me verdugueaban”, denunció.

La organización de Derechos Humanos Andhes presentó pedidos de información pública para conocer los protocolos de detención. “Nos llegaron denuncias por abuso, violencia policial y violencia institucional contra sectores populares. Por eso lanzamos la campaña “entre todes nos cuidamos”. Hay un repliegue territorial del estado, abandonando los barrios. Así entró con fuerza la policía y las otras fuerzas represivas. Vemos accionares sin protocolos, sin que el estado genere mecanismos de control y denuncia para ponerle un límite a la policía”, explicó Fernanda Marchese, su directora Ejecutiva.

“No solo están las fuerzas de la provincia, sino fuerzas federales, escuadrones que vinieron desde Salta y recorren las barriadas de forma permanente. En Mariano Moreno, una villa compuesta por varios barrios populares, los accesos los abren y cierran a determinadas horas. Es preocupante la militarización en los barrios porque tiene que ver si saldremos ésta crisis con un paradigma de un estado más policíaco o no”, expresó Hugo Heredia, referente del Frente Popular Darío Santillán regional Tucumán.

Así lo sintentizó Ana Reales, madre de Miguel Reyes, asesinado por la policía en enero del 2017. “La policía está cada día peor. En San Cayetano se ve mucha cosa injusta, los levantan a los chicos que están en la vereda, les pegan. Siempre han hecho eso pero ahora están con el camino libre”.

Se está dando, en el contexto del aislamiento, una profundización de las dinámicas violentas que cotidianamente suceden en los barrios populares pero en un marco en que esas prácticas aparecen mucho más legitimadas por la sociedad. Si antes la policía era cuestionada en sus accionares violentos, hoy aparece justificada por la situación de pandemia. El peligro, entonces, aparece en la normalización de esas prácticas a futuro. Si ésta crisis prefigura el mundo por venir luego del coronavirus, la violencia contra los sectores más humildes no genera esperanzas de mejoras.

 

 

 

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