Intentaron obstaculizar y perseguir por la Interrupción legal del embarazo a una niña abusada

7 julio, 2018

Commentario

Géneros Tucumán

El miércoles 4 de julio, una niña que había sido violada solicitó la interrupción legal del embarazo en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán. Un grupo de médicos, que se oponen a cumplir con el derecho al aborto seguro y gratuito, intentaron ingresar al quirófano. Respaldos al equipo que garantizo la práctica médica licita.

Esta semana, en el Hospital público hubo un intento de bloquear la práctica de un aborto no punible por causal violación. Una médica y su equipo le practicó una interrupción legal del embarazo (ILE); a una nena de once años víctima de abuso sexual, a pedido de la misma y con el aval de su progenitora.

El equipo de salud que actuó con celeridad y de acuerdo a las leyes vigentes y con aviso a la fiscalía; fue sometida al escarnio público de un sector del personal.

Según la legislación actual, el aborto es legal si pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. Esto lo establece el artículo 86 del Código Penal de la Nación a través de excepciones a la punibilidad del aborto. La Interrupción Legal del embarazo en casos de violación es un derecho desde 1921 que debe ser atendido con celeridad con la sola declaración jurada de a quien solicite la ILE y sin que medie autorización judicial, tal como exhorto la Cortes suprema de Justicia de la Nación, a través del fallo F.A.L.

No cuentan con la justicia

Desde el movimiento de mujeres se repudió a la Fiscal Adriana Gianonni de la VIII Nominación del Fuero Penal que intervino posteriormente a la realización del aborto no punible, poniendo en escrutinio la práctica médica.

Hace algunas semanas la Fiscalía VII colgaba carteles con la frase “no cuenten conmigo” referida a la interrupción de embarazos. Un anticipo de sus acciones.

“En absoluto desconocimiento del derecho, en vez de investigar el abuso sexual infantil, (la fiscal) intentó someter a escrutinio judicial una prestación médica lícita, producto de una decisión legal tomada dentro de las opciones terapéuticas vigentes para la niña. Esta actitud judicial hostil hacia el equipo que garantizó a la niña el acceso a sus derechos se encuentra en franca violación de los derechos vigentes y de la expresa orden de no judicialización de estos casos que ha sentado la CSJN en fallo FAL”, subrayan en el comunicado.

Además recordaron la existencia de antecedentes jurisprudenciales locales y nacionales que ya se han pronunciado acerca de la violación de derechos que supone judicializar estos casos. Incluso, se han impuesto sanciones, y hasta se ha separado del cargo de magistrados a quienes intentaron obstruir el acceso a una ILE.

En el año 2014, la fiscal Adriana Reynoso Cuello, titular de la fiscalía de Instrucción en lo Penal de la VI Nominación ordenó el archivo de una denuncia contra médicos del Instituto de Maternidad de Tucumán, que realizaron un aborto no punible a una nena, también de 11 años que había sido violada.
La práctica se realizó el 18 de abril del 2013, y está comprendida dentro de los lineamientos de la Corte Suprema para estos casos. Tras conocerse la denuncia de un abogado, apoderado del PRO, el movimiento de mujeres, en ese momento solicitó su archivo. La resolución de Reynoso Cuello en este caso sostuvo que “el aborto le pertenece a la víctima (de violación), no a la moral estatal”, con lo cual despejó dudas frente a los intentos de obstaculizar esa práctica en los hospitales locales y reafirmó que el gobierno de Tucumán tiene la obligación de garantizar el acceso a los abortos no punibles, como señala el diario La Gaceta.

Finalmente, el colectivo Ni Una Menos Tucumán, que comprende a más de 30 organizaciones locales, responsabilizan a las autoridades provinciales, del ministerio de Salud y del Gobierno, por la continuidad de estas prácticas que violentan derechos niñas y mujeres.

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