La Iglesia Católica marchó contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

27 marzo, 2017

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Una masiva marcha impulsada por el arzobispo de Tucumán, Alfredo Zecca, reclamó contra el aborto y políticas de salud sexual bajo la excusa de un desagravio a la Virgen María. Recibieron el apoyo oficial de la municipalidad, la legislatura y el gobierno provincial. Además, en cada escuela confesional se convocó a las familias a la marcha bajo el auspicio del arzobispado.

“Pidámosle a María que nos ayude a comprender que el aborto será siempre un crimen abominable. No hay causa alguna que lo justifique.” El Arzobispo de Tucumán, Alfredo Zecca, develó así la verdadera razón de una convocatoria menos masiva de lo que esperaban los organizadores. El deseo de que la marcha por el día del niño por nacer, enmascarada como “desagravio” a la Virgen María, fuera de más de un kilómetro y 35 mil personas no resiste el menor contraste con la realidad. El día anterior, la jornada a 41 años del golpe genocida, congregó 10 cuadras y cerca de 20 mil personas, aunque la policía tucumana se encargó de recortar a apenas 8 mil.

Los dichos de Zecca desconocen la vigencia desde 1921 del derecho de la mujer a no continuar un embarazo cuando es producto  de una violación o se pone en peligro la vida o la salud de las mujeres. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en el año 2012 la legalidad  del aborto en estos casos. La jerarquía eclesiástica genera discursos de resistencia a la libertad reproductiva desconociendo el Estado Laico. Cuenta para eso con el apoyo de sectores civiles que aplican su fundamentalismo religioso en la negación  de leyes, de políticas públicas, de prácticas  que hacen al repecto de los más esenciales derechos humanos de las mujeres.

La convocatoria a la marcha aprovechó la repercusión en los creyentes que tuvo una intervención artística realizada el 8 de marzo. Zecca, fuertemente cuestionado por sus feligreses, se sumó a la ola de quienes se sentían ofendidos y aprovechó esta movilización con un triple objetivo: recuperar legitimidad dentro de la interna de la Iglesia Católica, reforzar sus lazos políticos con el gobierno provincial y municipal y obturar los debates de los derechos sexuales y reproductivos. Para eso, contó con el apoyo del Estado.

A través del decreto N° 476/2017, Juan Manzur, gobernador de Tucumán, decidió otorgar “una Ayuda Económica a la Diócesis de la Santísima Concepción por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($880.000,00), pagadero en cuatro cuotas trimestrales iguales y consecutivas de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($220.000,00)”.

El pago fue solicitado por la Diócesis sin aclarar su destino. Mientras los creyentes dan el diezmo, en algunos casos con mucho esfuerzo por el contexto de ajuste y recesión que atraviesa el país, el Arzobispado puja para recibir miles de pesos de la provincia sin aclarar para qué.

La Diócesis de Concepción comprende en la provincia de Tucumán, los departamentos de Chicligasta, Graneros, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Leales. Monteros, Río Chico y Simoca. ¿Habrá servido ese dinero para movilizar los contingentes venidos del interior a la marcha de este 25 de marzo? La denominada jornada por ‘día del niño por nacer’ fue instaurada bajo el menemismo en 1998.

El intendente Germán Alfaro estuvo presente en la marcha junto a su esposa. No se lo vio el día anterior en la movilización a 41 años del golpe de Estado. Alfaro colaboró con la instalación del audio que fue instalado en todo el microcentro tucumano y que sirvió para potenciar la llegada de la movilización. Además, la municipalidad colaboró con colectivos para movilizar la gente desde el interior y autorizó la instalación de la promuerte campaña “El bebito” en los colectivos urbanos.

La legislatura declaró de interés la celebración de la “peregrinación ‘caminando con María’, en adhesión al Día del niño por nacer”, según  un documento que lleva el membrete oficial y las firmas de Claudio Pérez, secretario de la Legislatura, y Osvaldo Jaldo, presidente del cuerpo legislativo.

En cada escuela confesional se convocó a las familias enteras a participar del “desagravio a la Virgen”, ocultando que el verdadero objetivo es mantener el derecho al aborto fuera de la agenda parlamentaria. El 98% de las escuelas confesionales reciben aporte estatal, según un informe de la Cippec . El 15% del gasto público total en educación se destina a escuelas privadas, según fuentes del informe World Education Indicadors (WEI) de la OECD y de la UNESCO.

Todo con apoyo y fondos estatales. La Iglesia católica recibe por parte del Estado financiamiento para el salario de algunos de sus miembros. En 2016, el monto previsto fue de $134 millones, de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Zecca intenta recuperar el espacio y el respeto de los creyentes que lo cuestionaron luego de la dudosa muerte del Padre Juan Viroche, quién fue abandonado por la cúpula de la Iglesia Católica cuando denunció a los narcos que operan en su ciudad. El arzobispo fue silbado en el entierro del Viroche por los vecinos y luego recibió el embate del enviado del Papa Francisco a Tucumán, Gustavo Vera. Zecca se encargó, asimismo, de bloquear todas las convocatorias a movilizaciones para exigir justicia por el Padre Juan como devolución de favores a Manzur. Este hecho muestra las diferencias entre un cura comprometido con la realidad de su comunidad y la cúpula de la Iglesia que negocia con la fe de su pueblo católico.

El gobierno provincial colaboró activamente el año pasado para garantizar el ‘éxito’ del Congreso Eucarístico a través de la realización de obras y dictando asueto educativo durante su desarrollo.

Los derechos que faltan

Desde el Colectivo Ni Una Menos Tucumán, recordaron las demandas del movimiento de mujeres y feministas manifestadas en la multitudinaria marcha del pasado 8 de marzo. “Como expresamos en el documento de la convocatoria: el aumento de los índices de femicidios -que desde principio de este  año implican una mujer asesinada cada 18 horas-, las imparables cifras de abortos clandestinos -práctica que se cobró una nueva víctima mortal en Tucumán-, son responsabilidad del Estado”.

En diciembre del año pasado la legislatura aprobó  la declaración provincial de emergencia por violencia de género pero omitió establecer de donde saldrá el presupuesto. Tampoco incluyó el reconocimiento de un subsidio, acorde a los costos de la canasta familiar, para las víctimas que permita atacar la dependencia económica de las mujeres.

Con este accionar, Manzur demuestra que no está en su agenda garantizar los derechos de las mujeres.

“Otro de los reclamos que levantamos este 8 de marzo fue el pedido de inmediata adhesión a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tucumán es la única provincia que no adhiere a esta ley que fue aprobada hace 13 años. Este hecho demuestra que los poderes ejecutivo y legislativo gobiernan para sectores fundamentalistas que quieren mantener la realidad de desigualdad y violencia que sufrimos las mujeres. Reclamamos la Separación de la Iglesia del Estado, la anulación de los subsidios a la Iglesia y terminar con la  educación religiosa en las escuelas públicas de Tucumán”, concluyeron desde el Colectivo Ni Una Menos.

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