Ofensiva judicial contra los pueblos originarios de Tucumán

29 junio, 2017

Commentario

Derechos Humanos Tucumán
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Desalojos contra comunidades indígenas, castigos a sus abogados y paralización de la causa por el asesinato de Javier Chocobar. La justicia tucumana lanzó una avanzada contra los derechos de los pueblos originarios, reforzando su carácter clasista y racista: para los indios nada, contra los indios todo. El 6 de julio, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) marchará en defensa de sus derechos ancestrales. Por Sebastián Lorenzo Pisarello, periodista APA!

El 12 de octubre de 2009, Luis Humberto ‘Niño’ Gómez y José Valdiviezo, dos ex policías vinculados al Malevo Ferreyra, acompañaron al terrateniente Darío Amín a un terreno de la Comunidad Indígena de Chuschagasta. Fueron a ocupar unas tierras que la comunidad defendía como propias. En su camino se cruzaron los pobladores y se trenzaron en una discusión. Gómez sacó un arma y gritó a uno de los comuneros “quedáte piola, hermano. A mí no me vas a venir a ‘prepear’. Te estoy hablando por las buenas”; apuntó su pistola y disparó varias veces. Hirió a dos indígenas y asesinó a uno: Javier Chocobar.

Todo quedó registrado en un video filmado con el celular de Amín y que se le cayó en la huida. La prueba se puede ver en youtube y forma parte del expediente judicial que desde hace siete años está atrapado en las telarañas del sistema penal. Además de la falta de elevación a juicio oral de los tres imputados, ahora se suma que la Corte Suprema de Justicia de la provincia podría confirmar en las próximas horas las sanciones contra Belén Leguizamón, abogada de la familia Chocobar, impuestas por los jueces de la sala IV de la Cámara Penal luego de convocar a una marcha para reclamar justicia.

“Las expresiones vertidas por la letrada María Belén Leguizamón Salvatierra en los medios masivos de comunicación …organizando e invitando a la comunidad a concurrir a la marcha efectuada el día 12 del corriente mes por las calles de nuestra ciudad para exigir justicia no aportan nada a los intereses de sus clientes. Antes bien, con esa actitud demuestra una falta total de lealtad y probidad, particular y especialmente por tratarse el presente caso de una problemática donde están en juego los derechos y garantías de los imputados”, resolvieron los jueces Wendy Kassar, Emilio Paez de la Torre y Néstor Rafael Macoritto.

Amnistía Internacional Argentina consideró que las sanciones impuestas “sientan un precedente preocupante en tanto este tipo de medidas suelen tener un efecto disciplinador e intimidatorio, cuyo fin último es el de reprimir e inhibir manifestaciones que hacen a la libertad de expresión”.

El castigo a Leguizamón y el fallo por el cual no hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón en el marco de un proceso de desalojo en su contra, ratificarían el mensaje de la Corte Suprema a los Tribunales inferiores que ya comenzaron a acusar recibo. Ayer hubo un nuevo operativo para correr de tierras fiscales a pobladores de la Comunidad India Colalao. Un operativo en el que intervinieron infantería, caballería y policías locales bajo las órdenes de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y el juez Juan Francisco Pisa expulsó de su terreno a cinco familias y otras siete correrían la misma suerte en las próximas horas. La comunidad India Colalao reclamó que su desalojo responde a intereses empresariales: quienes los denunciaron se dedican a la extracción de áridos.

La comunidad diaguita Pueblo de Tolombón, situada en el departamento Trancas de la provincia de Tucumán, sufre desde largo tiempos los conflictos con la firma López de Zavalía. La comunidad viene denunciando reiteradamente que con su accionar estas personas han vulnerado por años sus derechos fundamentales, mediante coacción y amenaza de toda índole.

Desde andhes sostuvieron que la sentencia es un claro ataque contra las comunidades indígenas en general. La Corte Provincial en éste caso no solo desconoce los estándares internacionales, especialmente su derecho al territorio, sino que también sostiene y convalida  una práctica de persecución y criminalización de los pueblos originarios, reafirmando una posición discriminatoria y arbitraria al momento de resolver conflictos que involucran a comunidades indígenas”.

Los pueblos originarios de Tucumán se encuentran en estado de alerta. Si bien las instancias de diálogo con la secretaría de Derechos Humanos, los representantes locales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y la defensoría del Pueblo existen, los intereses empresariales pesan más. El carácter pro terrateniente de los ejecutivo provincial y nacional envalentonan a fiscales y jueces a avanzar contra los derechos consagrados constitucionalmente.

Según datos de andhes, en Tucumán es notorio y público el aumento de la conflictividad en los territorios indígenas y la discriminación en el acceso a la justicia de las comunidades. “Los datos elaborados por nuestra organización demuestran que sólo el 60 % de los conflictos en los territorios indígenas de la provincia se encuentran judicializados, de los cuales el 47,5 % tiene algún tipo de resolución desfavorable para la comunidad (detención, desalojo, archivo, elevación a juicio), el 49 % no tiene ningún tipo de resolución y el 3,5 % tiene resolución que de alguna manera favorece a la comunidad (no necesariamente aplicación de la legislación, tratándose generalmente de archivo por falta de pruebas por la otra parte). En ninguna de las causas, en las cuales se llevó a cabo éste estudio, se aplicó una medida de protección en base a la ley 26.160, no habiendo ninguna sentencia, resolución o pedido de las fiscalías que de alguna manera enmarquen el caso como una situación de vulneración de derechos territoriales de los pueblos indígenas”.

La ley 26.160, promulgada en 2006, ordenaba un relevamiento jurídico-técnico-catastral de los territorios indígenas y prohibía los desalojos o cualquier acto judicial o administrativo que tenga ese fin. Casi 11 años después, el Estado aún no ha ordenado la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, no ha finalizado el relevamiento en la mayoría de las provincias, ni ha generado una política clara en cuanto a las implicaciones de los resultados del relevamiento; la titulación de los territorios aún no forma parte de la agenda del Estado, lo que en la práctica se traduce en una constante inseguridad jurídica.

Por todo esto, el 6 de julio la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) convocó a una movilización para reclamar justicia, denunciar los desalojos y exigir políticas públicas que respeten sus derechos ancestrales. “Marchamos porque nos quieren hacer desaparecer”, sintetizó Marcos Pastrana, cacique de la comunidad Indígena del pueblo diaguita del Valle de Tafí.

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