¿La Justicia tucumana tolera la violencia obstétrica?

15 agosto, 2017

Commentario

Géneros Tucumán
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Una mujer que sufrió violencias en la atención de su salud no obtiene respuestas por parte del Poder Judicial de la provincia ante la denuncia a profesionales por tratos deshumanizados, crueles y degradantes en la atención de un aborto no punible. Hace más de un año que el fiscal Claudio Bonari no convoca a declarar para las personas denunciadas.

“Te puede estallar el útero” le dijeron en la Maternidad Nuestra Señora de las Merecedes, en enero de 2016, para dilatar el tiempo para la realización una interrupción legal un embarazo según consta en la denuncia.

Por tercera vez N (se denomina de esta manera por protección de su identidad) tendría que relatar, como víctima, las actuaciones de los profesionales  cuando solicitó un aborto no punible por la afectación a su salud mental a raíz de un diagnóstico un embarazo anancefálico anacraneo.

En el caso de N, se acusa a médicos y médicas por adulteración de instrumento público (historia clínica), incumplimiento de funcionario público, violencia obstétrica y violencia contra la libertad reproductiva.

“Hubo Intento de denegar el acceso a una interrupción legal del embarazo. Esto fue finalmente fue desarticulado, y se realizó el aborto no punible con una mora 5 semanas” relata Soledad Deza representante de la joven.

Sumada a la angustia de conocer el diagnostico de un embarazo inviable, la paciente “N”, de 25 años, denunció los martirios que sufrió cuando le presentaron una serie de obstáculos para el acceso a la atención médica. De acuerdo a la denuncia los profesionales de la salud apelaron a información falsa como decirle: “te puede estallar el útero”. Los múltiples malos tratos manifestados en sede judicial incluyen un intento de derivación fuera de la ley para impedir que la joven acceda a la interrupción legal del embarazo (ILE). Ella gestaba un feto anancefalico, sin viabilidad y pretendían que llegue a la semana 36.

Hasta la fecha, la Fiscalía de Instrucción Penal N° 2 de San Miguel de Tucumán, a cargo de Claudio Bonari no citó a las personas denunciadas a declarar. La denuncia se presentó el 13 de mayo del año pasado.

Desconocimiento de la ley

“Esto es gravísimo porque supone la violación abierta de la obligación de investigar con debida diligencia que pesa sobre los agentes estatales. El día jueves conocimos con sorpresa y desagrado el completo desconocimiento acerca de la normativa vigente en materia de violencia hacia las mujeres. Porque pretende llamar por tercera vez a la denunciante, lo cual encuadra dentro de los términos de revictmización. Además pretende que se armonice la ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres con la norma de Violencia Familiar, desde el mismo título resulta una reducción al absurdo. Porque le causa de N se dio fuera del ámbito familiar. Se trata de un caso de violencia en el ámbito de la atención de la salud” argumentó Deza.

Decreto que la reglamenta la ley nacional 26485 sobre la modalidad de violencia obstétrica establece que “se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no”.

Además en esta norma nacional marca en el artículo 6, inciso D, que violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.

“Estas demoras injustificadas de más de un año de citar a los demandados, hablan de una desconfianza en los dichos de la víctima, lo cual es gravísimo y está completamente al margen de los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos” marcó la abogada.

De acuerdo al Informe del Relator Especial sobre la tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales; la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención posaborto; las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud.

Tolerancia ante las violencias

“Hay una tolerancia estatal. La falta de investigación con debida diligencia configura una tolerancia estatal a la violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos. Porque promueve un espacio propicio para que las conductas violentas denunciadas continúen perpetuándose en la vida de las mujeres. También tenemos el ejemplo del caso María Magdalena, desde el año 2012 las distintas instancias penales de la provincia incluida la Corte Suprema de Justicia de Tucumán  se negaron a investigar la violencia obstétrica. Esto supone una denegatoria al acceso a las Justicia para mujeres víctimas de violencia obstétrica, sobretodo en caso de aborto, en Tucumán es un agujero negro” enfatizó la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir.

 

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