La ley de contravenciones policiales como herramienta de control social

22 mayo, 2017

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Por Matías Lorenzo Pisarello, referente de Seguridad y Derechos Humanos de andhes.

En Tucumán, hasta fines de los 90 se mantuvo, como resabio de la última dictadura cívico militar, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía de Tucumán Nº 3656, (1970), que establecía entre las atribuciones de la policía la facultad de detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a ser identificadas. Esta ley establecía además que la demora o detención del causante no podía prolongarse más del tiempo indispensable para su identificación, averiguación del domicilio, conducta o medios de vida, sin exceder el plazo de 24 horas. Esta fue la principal herramienta utilizada por la Policía para detener en forma discrecional y sin las debidas garantías de los/as detenidos/as.

Con el correr del tiempo este artículo de la ley orgánica de la policía sufrió algunas modificaciones. Se reemplazó el “detener” por “demorar”,  se redujo el plazo de demora a 12 horas, se incorporó la obligación de dar aviso inmediato a la mesa de atención
permanente del Poder Judicial por parte de la Policía, indicando los motivos y la autoridad policial que dispuso la demora, se permitió la comunicación inmediata con un familiar o persona de confianza a fin de informar de su situación y se estableció que las personas demoradas no podrían ser alojadas junto a detenidos por delitos o contravenciones.

A pesar de que las modificaciones mencionadas aparentaban un avance en el reconocimiento de derechos y garantías de la ciudadanía, lo cierto es que esas detenciones ilegales mutaron al campo de la “legalidad” con un mayor uso de la ley (5140) de contravenciones policiales. Con esa ley, la policía tucumana puede detener a cualquier personas que considere esté cometiendo una falta contravencional y privarla de libertad por 48 horas sin ningún tipo de control judicial, sin asesoría jurídica ni derecho contradecir las pruebas en su contra.

El 5 de Octubre del 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó “el procedimiento contravencional (de Tucumán)… no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo, y ha lesionado en el caso la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad” y en mayo de 2014 la Corte Suprema de la provincia de Tucumán ratificó esa declaración de inconstitucionalidad de la ley de contravenciones policiales. Sin embargo a la fecha no solo sigue siendo utilizada para detener personas so pretexto de que la inconstitucionalidad corresponde a un caso concreto y por lo tanto no obliga al Poder Ejecutivo a modificarla sino que se realizaron modificaciones parciales para incorporar nuevas conductas a perseguir. Así por ejemplo se prevén sanciones de hasta 60 días de arresto o multas de hasta 100 mil pesos a quienes hostiguen, maltraten o perturben emocional o intelectualmente a un trabajador de la salud o de la educación.

Esta ley ha servido, en diferentes momentos de la historia de la provincia, y lo sigue sirviendo en la actualidad, como un instrumento de estigmatización de ciertos sectores de la sociedad con quienes la institución policial se vincula fijando una relación caracterizada por la fuerza y la discrecionalidad. De esta manera se desplega una relación desigual y arbitraria, naturalizada por las partes y que además va más allá de las facultades y límites que la propia norma establece. Quien será el encargado de determinar el grado de perturbación intelectual o emocional de un maestro o un medico? La policía. Si, otra vez el Estado le brinda un cheque en blanco a los agentes policiales para que procedan a detener personas con la más absoluta discrecionalidad y ni si quiera se toma el trabajo de indagar el porqué del aumento (?) de casos de violencia en instituciones educativas y de salud.

Las contravenciones policiales son utilizadas como la solución a un problema al cual el Estado no sabe cómo enfrentar, y delega en la policía esta función.

No puede pretenderse entonces considerar como solución a los problemas de seguridad ciudadana la persecución y detención de determinados grupos de personas o la saturación de algunas zonas con agentes policiales olvidando así aplicar políticas integrales que tiendan a favorecer la integración de la población, evitando la marginalidad y la exclusión.

 

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