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La necesaria legalización y despenalización del aborto

13 abril, 2018

Commentario

Columnistas Destacada Géneros Laura Casas
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Mientras se produce el debate sobre la legalización del aborto en las comisiones de la cámara de Diputados del Congreso de la Nación, para entender un más sobre los argumentos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo te presentamos la columna de Laura Casas, abogada feminista docente de derecho constitucional.

En nuestro país asistimos en estos días al debate, en el Congreso de la Nación, sobre la legalización  y despenalización del aborto. El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, como parte del ejercicio de una ciudadanía plena, a que se garantice la igualdad y la no discriminación del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, sigue siendo una deuda de la democracia real contemporánea.

El abordaje del derecho al aborto no puede eludir la influencia que tienen las relaciones de género y las construcciones sociales en base a estas relaciones y, como dice Minyersky[1], tampoco la dimensión de justicia o injusticia social que implica reconocer o desconocer este derecho por parte del Estado. A todas estas aristas se suma, que la problemática del aborto no está exenta de una serie de mitificaciones y fantasías que se tejen alrededor de la maternidad.

En este marco, resulta urgente la legalización y despenalización del aborto porque estamos ante  una problemática de salud pública, de autonomía personal y de igualdad. El aborto interpela al Estado porque, practicado en condiciones inadecuadas, es la principal causa de la muerte de mujeres gestantes[2], y aquí aparece de una manera estridente la desigualdad. Porque, a la desigualdad general que significa para cualquier mujer no poder decidir sobre su cuerpo, se suma la desigualdad que padecen las mujeres de los sectores populares que tienen que recurrir a métodos sumamente riesgosos para interrumpir un embarazo y ponen de esa manera en peligro su vida y su salud.

Por otro lado, la realidad nos demuestra que la penalización, que es la más grave intervención del Estado, no disuade a las mujeres a practicarse un aborto. El derecho penal entonces no cumple con su finalidad y cuando actúa  siempre cae, indefectiblemente, sobre las mujeres con menos recursos económicos, sociales y simbólicos.

No se les reconoce a las mujeres el status de ciudadanas cuando, como dice Segato[3], es el cuerpo de éstas el que aparece como texto, como el bastidor donde los intereses de la sociedad son expresados. Todos los poderes se expresan en este control, y paralelamente quedan expuestos los custodios de la ciudadanía del feto.

Quienes defienden  la penalización del aborto sostienen que se trata de proteger el derecho a la vida de “un ser humano”, el feto, que sería la víctima en el delito de aborto.

Poner la mirada sólo en uno de los extremos de la discusión, en el feto, es invisibilizar e instrumentalizar a las mujeres, negándoles el estatus de sujetos libres y con derechos.

Para efectuar una ponderación proporcionada y establecer una preferencia entre los derechos en juego se puede tener en cuenta, como parámetro que permita acercarnos a un razonamiento racional y equilibrado, el hecho del nacimiento o también el grado de desarrollo de la vida en formación. El feto en nuestra legislación tiene un status moral menor al del niñx, como lo revela la diferencia entre la figura del aborto y la del homicidio. Esta idea de progresividad, que recepta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña por el Derecho al Aborto que se presentó en el Congreso, se encuentra plasmada también en el fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En igual sentido el filósofo del derecho Nino[4], utiliza la idea de potencialidad para referirse a la vida en formación, sosteniendo que, cuanto más inmaduro sea un feto más tenue es su identidad con el individuo que tendría los atributos fácticos de la personalidad moral y más remoto está de adquirir las capacidades relevantes que lo definen como persona.

En nuestro sistema Constitucional y Convencional la legalización y despenalización del aborto es posible. En el año 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional,  la prohibición del aborto no fue un tema habilitado ni directa ni indirectamente. Del conjunto de las normas de rango superior en nuestro ordenamiento jurídico no surge una proscripción del derecho al aborto. Es más, los Comités de los Tratados que tienen jerarquía constitucional exhortaron al Estado argentino a adoptar una normativa que permita el acceso a la interrupción del embarazo. Así, el Comité de  CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer),  en 2016 exhortó al  Estado Argentino a adoptar una ley para ampliar el acceso a la interrupción del embarazo no solo en los casos de violación o riesgo para la salud o la vida[5]. En este mismo sentido se pronunció el  Comité de los Derechos del Niño[6] de la Convención de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todos instrumentos que tienen jerarquía constitucional.  

Después de tanto tiempo, después de tantas luchas, están dadas todas las condiciones, jurídicas, sociales, culturales para que lxs legisladores escuchen estos argumentos y reconozcan, finalmente, una ciudadanía completa a las mujeres.

El Estado debe garantizar este derecho, porque la ausencia de acceso para algunas mujeres a esta práctica significa la muerte o la cárcel, sellando con su cuerpo la metáfora perfecta de la desigualdad y la discriminación.

 

Laura Julieta Casas

Docente de Derecho Constitucional de la UNT

Integrante de CLADEM

 

 

[1] Minyersky Nelly, (2011), “El artículo 86 del código penal, eficacia y efectividad”, Lexis Nexis 0003/015440, 2011.

[2] https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_10571.htm

[3] http://www.scribd.com/doc/46693050/Segato

[4] Nino, Carlos Santiago, (1992), Fundamentos de Derecho Constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional, Astrea, Bs. As, p. 313.

[5] http://feim.org.ar/2016/11/21/recomendaciones-del-comite-de-la-cedaw-al-gobierno-argentino/

[6] http://senaf.cba.gov.ar/ws40397/senaf/wp-content/uploads/Observaciones-Finales-del-Comite-de-los-Derechos-del-NIno-11-de-junio-de-2010.pdf

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