Le explicamos a Maley por qué el de Facundo Ferreira sí es un caso de Gatillo Fácil

13 marzo, 2018

Commentario

Derechos Humanos

 

El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, se refirió al caso del niño de 12 años asesinado por la policía de un balazo en la nuca, Facundo Ferreira. Repitió la violencia institucional habitual del Gobierno provincial: echarle la culpa a la víctima y a su familia.

“No se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión, como es su deber y obligación”, señaló el funcionario del gobernador peronista, Juan Manzur. Y agregó: “Aquellos sectores de la sociedad que hablan de un caso de gatillo fácil o de la aplicación de una ‘doctrina Chocobar’ lo hacen porque no tienen información sobre el tema”, destacó Maley y aclaró que “como sociedad es muy preocupante y alarma el hecho de que haya menores armados. Sobre todo chicos tan pequeños. Como Estado, estamos trabajando desde distintas áreas para poder llegar a esos niños; principalmente desde la educación”, repitió ayer en declaraciones radiales y al diario LA GACETA.

¿Cuándo se trata de un caso de gatillo fácil? Desde el de Área Seguridad y Derechos Humanos de la ONG Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), explicaron que se trata de casos de utilización abusiva de armas de fuego por parte de alguna fuerza de seguridad del Estado, generalmente justificada como una acción accidental o de legítima defensa.

“Según el Artículo tres del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas (al que adhirió nuestro país en la reforma constitucional de 1994), el uso de armas de fuego por parte de agentes estatales es una ‘medida extrema’. Por ello el agente deberá hacer ‘todo lo posible por excluir su uso, especialmente contra niños’. En otras palabras, no deberá emplearlas ‘excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas’, indicaron desde la ONG que lleva adelante la querella de la familia Ferreira en la causa.

No se puede poner en igualdad de condiciones a los policías y a los ciudadanos (‘delincuentes’ o no) porque el Estado les otorga a las instituciones de seguridad el monopolio de la fuerza para hacer un uso medido y como último recurso de las armas de fuego. La doctrina actual de la policía provincial parece ser usar el asesinato preventivo como método para resguardar la seguridad social.

En el mes de febrero hubo cinco casos de gatillo fácil, todos posteriores a las declaraciones del presidente Mauricio Macri y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respaldando al policía Chocobar. Estas acciones son una consecuencia de estas declaraciones que parece haber un cheque en blanco a los policías para actuar así.

Maley, que encabeza la cartera de seguridad desde diciembre como una medida de Manzur para calmar las críticas por la inseguridad en su gestión, también se refirió a la familia de Ferreira, quienes viven en el barrio Juan XXII, conocido comúnmente como La Bombilla, una de las barriadas más estigmatizadas y discriminadas de la provincia. “A pesar del trabajo del Estado, es responsabilidad de los padres o tutores de los niños el cuidarlos y es responsabilidad de ellos el hecho de que porten armas o que estén en la calle solos a esas horas”, afirmó el funcionario.

La versión de la Policía sobre la madrugada del jueves 8 de marzo es que dos motorizados comenzaron a perseguir a un grupo de jóvenes que se movilizaban en tres motos. Al llegar a Francia primera cuadra, los sospechosos habrían disparado contra los uniformados, los agentes respondieron: hubo un solo herido del supuesto enfrentamiento, Facundo Ferreira, quien cayó muerto tras un disparo de una bala de 9 milímetros en la nuca. La familia de la víctima sostiene que Facundo tenía múltiples heridas de balas de goma en la espalda, pero que la única herida con una bala de plomo fue en la cabeza. Es decir, que los oficiales buscaron matar al niño, no detenerlo. Actuaron con crueldad excesiva, con sevicia salvaje.

El artículo 3 del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes de Naciones Unidas, establece que: “El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr. El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños”.

 

 

 

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Agencia de Prensa Alternativa - 2017-