Ley Micaela: los antecedentes de una provincia con funcionarios antiderechos

21 mayo, 2020

Commentario

Géneros Generos Tucumán

La capacitaciones que prevé la Ley Micaela son sólo una de las formas de la prevención de las fallas u obstrucciones de los derechos de mujeres, niñas y disidencias por parte de los distintos poderes tucumanos. Belén, Maria Magdalena, Celeste y Lucía, como ejemplo de los innumerables casos de vulneración de derechos. Después de la adhesión de la Ley Micaela, el gobierno provincial, tendrá que reglamentar y aplicar capacitaciones con perspectiva de género para evitar graves violaciones de derechos humanos mujeres, niñas, lesbianas y trans.

Belén, fue denunciada por profesionales de la salud que la atendieron cuando sufrió un aborto espontáneo en un hospital, no contó con la debida defensa y fue presa por un crimen que no cometió. Después de casi 3 años, producto de la lucha social y jurídica, fue liberada y absuelta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En el presente no puede vivir en su tierra como consecuencia de la estigmatización y la violación de su identidad de los jueces que la condenaron..

Antes, María Magdalena, fue torturada y denunciada por sus médicas tras haber llegado a la Maternidad con un aborto espontáneo en curso. Hoy, por orden de la Corte Suprema de Nación, espera que se retome la investigación local por la violación de secreto profesional y las violencias que sufrió en el ámbito de la salud. 

Celeste, una joven trans fue detenida ilegalmente era noviembre del 2014 y abusada sexualmente por siete policías de la comisaría 4°. Los que denunció, pero la investigación llegó a juicio sin que se hayan atendido sus derechos básicos como víctima. La Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, la que condenó injustamente a Belén, en este caso evitó condenar a los policías por los ataques sexuales.

El más reciente cobró relevancia internacional. Lucía, una niña de 11 años, vio vulnerados sus derechos cuando pidió acceder a la interrupción legal de un embarazo producto de una violación. En el fallo condenatorio al abusador de Lucia, la Sala V marcó que “los operadores de los servicios estatales no fueron eficaces al momento de abordar e intervenir en este caso, y esas circunstancias provocaron sufrimientos adicionales a la situación de la niña” y exhortó al Ejecutivo de la Provincia a realizar acciones para prevenir e intervenir en los casos de abusos sexuales a niñas con“la implementación de la Ley N° 26.150/06 de ESI es imperiosa, como así también la adhesión a la Ley Micaela N° 27.499/18 (…). En fin, acciones positivas en nuestra provincia que colaboren a modificar patrones y conductas actuales”. Además, la Justicia tucumana, con el propósito de garantizar el resarcimiento para esta niña, ordenó al Estado brindarle asistencia psicológica y una beca de estudios, así como también ayuda socioeconómica y sanitaria para todo su grupo familiar. Medidas que hasta el día de hoy no se cumplieron en su totalidad.

Por todo esto, no es sorpresivo que la provincia haya sido la última en incorporar a su legislación la norma que lleva el nombre de Micaela García, la joven militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en 2016. En medio de posiciones cruzadas, idas y vueltas, resistencias eclesiásticas, declaraciones negacionistas se transitó un largo camino de esta normativa hasta recinto de la Legislatura.

Causas, archivos y recordatorios

Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, dos varones de la política tucumana que pusieron sus tensiones en evidencia alrededor de la adhesión a la Ley Micaela, fueron actores activos en contra del derecho al aborto, en 2018 cuando se debatía en el Congreso. Llegaron a declarar a la Provincia como Provida.

Por su parte, Jaldo tiene un vínculo con el bloque bussista se vio reflejado en la proclamación de Sandra del Valle Orqueda como vice segunda del recinto. Sus lazos se relacionan sectores ligados a las iglesias evangélicas y se ven plasmados en el video publicado por La Nota-Tucumán donde aparece Jaldo en un evento evangélico del 2018, en plena campaña electoral, asumiendo el compromiso que recinto tucumano “no aprobará ninguna ley donde se promueva la ideología de género”. Además, el 31 de octubre del mismo año la Legislatura de Tucumán promulgó la ley N°9130 que habilitó el Día Provincial de las Iglesias Evangélicas.

En el 2019, el gobierno de Manzur fue responsable del caso de Lucía, la niña de 11 años violada por su abuelastro y que le provocó un embarazo. Por los obstáculos y maniobras dilatorias para la interrupción legal del embarazo se abrieron dos causas contra funcionarios provinciales, una en Poder Judicial local y otra que se radicó en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Manzur para esquivar las consultas periodísticas dijo, en estas semanas, que se trata de “un tema que está en la Justicia, otro poder del Estado y no me gustaría opinar: que la Justicia tome las decisiones que tenga que tomar”, sentenció. 

“La práctica sanitaria del aborto es la falla de cualquier sistema sanitario en cuanto a lo que es la prevención. El caso Lucía fue una situación muy compleja en la que hubo idas y vueltas con la familia, tomó intervención la Justicia y está en el ámbito judicial a la espera de resolución. No me quiero aventurar a hacer comentarios cuando todo está en el ámbito de la Justicia”, aseveró el mandatario.Pero lo sucedido con Lucía llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El comisionado Luis Vargas Silva definió como “dramático” el caso y planteó que a los legisladores les asusta legislar este tema, por las presiones que reciben desde sectores eclesiásticos.

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