Los derechos de las mujeres como prenda de negociación de la interna del peronismo

15 mayo, 2020

Commentario

Derechos Humanos Destacada

 

El gobernador Juan Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, transitan una grieta que se hace cada vez más evidente, pero han cruzado la grotesca línea de poner sobre el tablero los derechos de las mujeres y disidencias.

Dos declarados antiderechos, militantes de férreos de negar el acceso a la salud de las niñas y mujeres, Jaldo y Manzur se manifestaron esta vez de maneras muy diferentes por la Ley Micaela. “Como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán adhiera a la Ley Micaela” escribió en su cuenta personal de twitter el Gobernador y Jaldo lo tildó de “oportunista”.

No es la primera vez que ponen en juego los derechos de mujeres y disidencias en el medio de la interna. Manzur demoró 500 días en promulgar y dejar efectiva la ley que establece la emergencia en violencia de género por dos años más. A fines de abril, la norma fue publicada y ratificada por el gobernador. En noviembre de 2018 había sido sancionada por la Legislatura.

La promulgación de Manzur anticipó el pedido que la Legislatura, presidida por Jaldo, preparaba y que iba dirigirse al Poder Ejecutivo. Al publicarse la ley los portales de noticias titularon: “Manzur les ganó de mano a los legisladores”

Al parecer, la interna pesó más que la movilización que había realizado la Multisectorial de Mujeres y Ni Una Menos por los femicidios ocurridos durante la cuarentena.

La situación de emergencia en materia de derechos para las mujeres y disidencias que vive la provincia es alarmante. En lo que va del año, ocurrieron ocho femicidios y según estipula el Observatorio de Femicidios de la Nación es la provincia en dónde más ocurrieron estos asesinatos. Además, las denuncias aumentaron un 750% durante la cuarentena, según datos del Ministerio Público Fiscal.

La legislatura terreno de disputa

La periodista Gabriela Bairgorrí viene exponiendo el día a día de la interna entre el gobernador y vice. “La luna de miel terminó” afirmó.

En el análisis publicado por La Gaceta, señala que “Manzur se ocupó de tender relaciones con los de afuera y Jaldo, puertas adentro. Esto supuso que el vice, hombre del interior, se fortaleciera políticamente desde la Cámara, donde contuvo a todas las vertientes justicialistas y en donde mantiene buena relación hasta con los opositores” refiriéndose al bloque de Ricardo Bussi.

El lazo que une a Jaldo con el bloque bussista se vio reflejado en la proclamación de Sandra del Valle Orqueda como vice segunda del recinto y no a un legislador o legisladora de Juntos por el Cambio.

Además comparten su arraigo con sectores ligados a las iglesias evangélicas. El 31 de octubre del 2018 la Legislatura de Tucumán promulgó la ley N°9130 que fija ese día como el Día Provincial de las Iglesias Evangélicas.

En un video exclusivo de este medio se lo puede ver a Jaldo en un evento evangélico del 2018, en plena campaña política, comprometiéndose a que el recinto tucumano “no aprobará ninguna ley donde se promueva la ideología de género”.

video

La “ideología de genero” es el mismo argumento que usa el bussismo para no adherir a la Ley Micaela. 

Esta semana sucedió de todo. Ell jaldismo presentó un nuevo proyecto firmado por el presidente subrrogante  Regino Mado (PJ), Sandra Mendoza (PJ), Walter Berarducci (PJS), Daniel Deiana (PJ) y Raúl Albarracín (PJS) que rechaza la obligatoriedad de las capacitaciones de género, establece la objeción de conciencia y permite capacitaciones en instituciones privadas. Ante las denuncias ejercidas por las organizaciones feministas y la trascendencia nacional que tomó nuevamente la Legislatura de Tucumán, dos de los legisladores firmantes por el oficialismo retiraron sus firmas. 

Ante las críticas, los llamados telefónicos que se rumorea sucedieron durante todo el día jueves, finalmente Jaldo se comunicó por videoconferencia con el padre de Micaela García, Yuyo García, para lavarse la cara y comprometerse a adherir a la norma. Sin embargo, habrá una modificación: cada poder será el encargado de realizar sus propias capacitaciones. 

Sin mucha claridad sobre lo que ello representa, y sin poder acceder al proyecto que se mantuvo bajo el máximo hermetismo, los movimientos de mujeres y feministas desconfían de las reales intenciones de aquella modificación

La Legislatura está por aventurarse nuevamente en mostrar su faceta antiderechos. La presidencia de Jaldo ha protagonizado innumerables hechos como los del 2018, en medio de la discusión por la legalización del aborto, declarar a una provincia como “provida” o el de impulsar, con la venia de los legisladores Marcelo Caponio y Raúl Albarracín, un proyecto para negar el acceso a un aborto de una víctima de violación, normativa dispuesta desde 1921.

Nos une el espanto

Pero en el 2019, el gobierno de Manzur fue el protagonista del hecho más trascendente en materia de negación de derechos: el  caso de Lucía, la niña de 11 años violada por su abuelastro y que le provocó un embarazo. A la infante le obstaculizaron la interrupción legal del embarazo y gracias a la presión social de las organizaciones feministas se lo pudo realizar, pero en las peores condiciones.

El escándalo por lo que le hicieron aLucía llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó a la provincia aplicar los protocolos correspondientes: adherir a normativas nacionales como la Ley Micaela, protocolo ILE y de Salud Sexual y Reproductiva (sancionada en el 2002). 

Presionado por su rol de armador nacional y su cercanía con el gobierno de Alberto Fernández, hoy Manzur se aventura en equilibrar la balanza “a favor de las mujeres” y promover la Ley Micaela, usando esta como argumento para desacreditar el fuego amigo.

La Ley Micaela fue sancionada hace un año y cuatro meses en el Congreso de La Nación. Y la adhesión tucumana fueron siempre planteadas por peronistas, pero sin mucho apoyo del bloque y mucho menos por parte de Jaldo, que según  fuentes cercanas la última vez en 2019,  “fue bajado por un llamado del Arzobispado. En Agosto de ese año el proyecto unificado de adhesión a la ley (Expte 427-PL-18) que contaba con dictamen favorable de la “Comisión de Protección de los Derechos de las Mujeres” con fecha 29 de julio de 2019. De un momento a otro, el tema fue sacado del orden del día, lo que despertó inquietudes al respecto.

 

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