Manzur nombra juez penal al abogado del Arzobispado de Tucumán y defensor de represores

4 mayo, 2017

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Derechos Humanos
Foto: archivo La Gaceta

Así lo confirmaron a APA! desde el Ministerio de Gobierno, Justicia Y Seguridad de la Provincia.  Facundo Maggio es abogado del Arzobispado de Tucumán  y tiene una larga trayectoria como defensor de represores en los juicios por delitos de lesa humanidad. Fue designado por el gobernador Juan Manzur como juez de Instrucción en lo Penal en la II Nominación del Centro Judicial Capital.

 

En un contexto de avance de sectores reaccionarios en Tucumán y el país, el gobernador peronista Juan Manzur decidió adaptarse a los aires de cambio y designar como juez penal a un reconocido abogado de acusados por delitos de lesa humanidad y vocero del Arzobispado.

De acuerdo a altas fuentes gubernamentales la designación de Facundo Maggio ya pasó a la Legislatura, donde debe pasar una entrevista con la Comisión de Peticiones y Acuerdos.  Una vez concretado este paso y con la publicación en el Boletín Oficial, Maggio se transformará en juez de Instrucción en lo Penal en la II Nominación del Centro Judicial Capital.

La medida recibió fuertes repudios desde los organismos de derechos humanos y de organizaciones de mujeres.

Maggio se desempeñó como defensor de represores en diferentes juicios por delitos de lesa humanidad que se realizaron en Tucumán. Lanzó su carrera a la fama defendiendo a José Eloy  Mijalchick, más conocido como El Padre Pepe, en el marco de la megacausa Jefatura II -Arsenales II. Su sueldo en aquél momento fue pagado por el Arzobispado de Tucumán. También en ese juicio defendió al ex militar Carlos Eduardo Trucco, condenado a 14 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Las querellas siempre acusaron a los defensores particulares de realizar una defensa ideológica y no técnica de los represores que representaron.

El letrado debió renunciar en noviembre 2012 a su cargo en la Fiscalía de Estado por ejercer al mismo tiempo como defensor de represores en el megajuicio “Jefatura II-Arsenales II”.

“En aquella oportunidad, Maggio recibió los esperables apoyos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y de Ricardo Bussi. Pero también el Colegio de Abogados provincial emitió un comunicado respaldando a Maggio lo que motivó el repudio de los abogados querellantes de la causa “Arsenal-Jefatura II”. Los letrados señalaron en una carta la “preocupante similitud” con las valoraciones de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia”, recordó la Izquierda Diario en un artículo publicado en octubre del 2016.

Actualmente Maggio es ejerce la defensa técnica en el juicio de Operativo Independencia de los acusados Carlos Diacono, Enrique Bonifacino, Ernesto Arturo Alais, Camilo Orce, Cayetano José Fiorini, Chuchuy Linares y Luis Rolando Ocaranza. A estos dos últimos imputados también los defiende en la causa conocida como Jefatura III. “Alternando la verborragia con la altanería, suele interrogar a los testigos para recrear un “escenario de guerra” que justifiquen las torturas, desapariciones y fusilamientos”, describió la Izquierda Diario al abogado.

Recientemente, Maggio operó como abogado y vocero del Arzobispado de Tucumán en representación de Alfredo Zecca durante el revuelo que causó la muerte del Padre Juan Viroche, conocido por denunciar a los narcos que operaban en Delfín Gallo.

Los organismos de derechos humanos tucumanos repudiaron la designación por parte de Manzur de un defensor de genocidas como juez penal. Sin embargo, evitaran pronunciarse públicamente hasta tanto la resolución sea oficial.

También desde las organizaciones de mujeres y feministas se mostraron alarmadas por la posibilidad de que este hombre sea elegido como magistrado cuando representa una institución, como la Iglesia Católica, que va a contramano de los derechos de las mujeres. Temen por una mirada sesgada que no contemple la perspectiva de género.

Luciana Gramaglio, abogada de la Fundación Mujeres X Mujeres, indicó que “nos preocupa muchísimo la ausencia de perspectiva de género en magistrados y funcionarios judiciales porque son quienes efectivizan o no un acceso a la justicia respetuoso de derechos y libre de cosmovisiones morales y religiosas que violentan. Esta designación, de ser cierta, nos interroga acerca de cómo una persona que asesora legalmente al sector que trata la perspectiva de género como una “ideología” contraria a los valores de la sociedad habrá de hacer respetar las garantías procesales de las mujeres y del colectivo de la diversidad”.

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