Militares en las calles: se profundiza la política represiva

5 junio, 2018

Commentario

Derechos Humanos Gatillo fácil gobierno provincial Represión Estatal Trabajadores Tucumán

La posibilidad de otorgarle a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad interna comenzó a instalarse como una posible solución a la inseguridad y al narcotráfico. La opinión pública quedó atrapada en el entramado discursivo oficial y la falsa promesa de “seguridad” se instaló en los medios de comunicación.

En los últimos días comenzó a reflotar en el debate público la posible decisión del Gobierno Nacional de permitir a las Fuerzas armadas la intervención en materia de seguridad interna. Lo que comenzó como un rumor se convirtió en la punta del ovillo de un debate que llegó a los medios masivos de comunicación.

La posible intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna, lo cual se haría mediante la derogación del decreto 727/2006, provocó la respuesta inmediata de los organismos de Derechos Humanos y de organizaciones políticas y sociales a lo largo y ancho del país.

En este sentido, representantes de organismos de Derechos Humanos de Tucumán brindaron una conferencia de prensa esta mañana, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. Asimismo, emitieron un comunicado de prensa donde ponen de manifiesto su posición respecto a lo que consideran un retroceso en materia de seguridad y derechos humanos.

“Los organismos de Derechos Humanos de Tucumán rechazamos enérgicamente la propuesta del Presidente Mauricio Macri de otorgarle a las Fuerzas Armadas funciones y tareas de seguridad interior”, comienza el comunicado emitido durante la mañana de este lunes.

La Ley 23.554 de Defensa Nacional prevé que “la definitiva institucionalidad en materia de defensa nacional (…) debe evitar la confusión entre los conceptos de seguridad interior y defensa nacional”.

Teniendo en cuenta los recientes episodios de violencia y represión como los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, o las violentas jornadas del 14 y 15 de diciembre pasado durante la votación de la Reforma Previsional, los miembros de organismos de DDHH consideran que la posible intervención de las Fuerzas Armadas en las calles representa una paso más adelante en la política de persecución y represión que el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales llevan adelante bajo la máscara de “política de seguridad”.

Los ataques sistemáticos al pueblo Mapuche que terminaron con las muertes de Maldonado y Nahuel, la represión a la protesta social, el aumento exponencial de los casos de gatillo fácil y el aval del Gobierno Nacional a las ejecuciones extra judiciales mediante la aplicación de la Doctrina Chocobar son prueba suficiente del peligro que representa una medida como esta.

En un contexto de crisis económica, devaluación de la moneda local, cierre de fábricas, despidos, suspensiones, aumento excesivo en las tarifas de servicios sociales, inflación y recrudecimiento de la pobreza, el Gobierno Nacional necesita contener a la gran masa de trabajadores y trabajadoras que salen a las calles a manifestar su descontento con las políticas económicas, y la consigna de “lucha contra el narcotráfico” resultó la excusa perfecta que encontró el Presidente y su gabinete para intentar contrarrestar la profunda crisis institucional y, al mismo tiempo, dar una respuesta mentirosa a un importante sector social que exige mayor seguridad en las calles.

“Ayer se utilizaba la excusa de la ‘lucha contra la subversión’, hoy se lo hace con la idea de ‘lucha contra el narcotráfico’. En ambos casos, el objetivo a combatir es el mismo: los sectores sociales empobrecidos que luchan por sus derechos y bienestar, convertidos en objetos de persecución, detenciones y cárcel. El gobierno de Cambiemos utiliza la represión para avanzar con un plan económico que permite el enriquecimiento de los grandes grupos económicos a costa del hambre”, finaliza el comunicado emitido por los organismos de DDHH.

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