“No quiero ser otra Micaela”

3 mayo, 2017

Commentario

Derechos Humanos Destacada Géneros

Cristina sufrió el abuso de sus hermanos adoptivos desde niña. En 2016 se animó a denunciarlos y luego de una investigación, fueron encarcelados. Sin embargo, el juez a cargo de la causa decidió liberarlos un mes después. Cristina continúa recibiendo amenazas y se encuentra sin una orden de restricción en vigencia.

Cristina Aranda tiene 18 años. Cada uno de ellos representó una batalla. Cuando todavía era una bebé, sus padres biológicos la dejaron al cuidado de una tía, en su pueblo de Carbón Pozo, en la comuna de Bracho. A los tres años, una familia pidió adoptarla. Aunque ya tenían nueve hijos, decían que “querían tener una chiquita más”. A los ocho, dos de sus hermanos adoptivos, Pablo y Santos, comenzaron a abusar de ella. No se detendrían hasta el año pasado, cuando Cristina se animó a denunciarlos ante la justicia.

Unos años antes, le contó a su madrastra sobre las violaciones. “Ella me dijo que me tenía que callar porque nadie me iba a creer, porque es así, que el orgullo, que el apellido, que todas esas cosas son muy importantes para ellos. No se orgullo de qué tendrán”, señala Cristina, y agrega que “dos de mis hermanos mayores vieron el momento del acto (de violación) y no hicieron nada. Eso me llevaba a crecer y pensar que yo tal vez lo merecía, crecí con esa culpa, con esa vergüenza. Jamás pude conversar con una tía, con un padrino, como para confiar en alguien o preguntarle, o para contarle lo que me estaba pasando. Para mí ellos eran mi mamá y mi papá, si yo confío en mi mamá y ella no me ha escuchado, ¿cómo puedo ir a contarle a otra gente?”.

Un par de años después de ese primer pedido de ayuda trunco, Cristina intentó suicidarse. “No aguantaba más, no podía, no tenía más fuerza de ningún tipo, no sabía ya cómo seguir en pie”. Sin embargo, siguió luchando, e incluso encontró un lugar de expresión y lucha en charlas sobre violencia de género y de abuso sexual que brindaba en su escuela. Esta experiencia le dejó una pregunta que necesitó responder: ‘¿por qué yo le digo a otras que hablen y yo no lo hago?’.

En 2016 “estaba en un punto de mi vida que no aguantaba más, decía ‘no aguanto más, hasta aquí llego, no puedo más’. No me sentía con la fuerza suficiente para seguir sobrellevando esto. Y yo les venía diciendo a ellos que yo me iba a ir, les decía ‘no aguanto más, me voy a ir de esta casa’”.

Su familia adoptiva le dijo que la quemarían viva si se iba. Sabían que si se escapaba, contaría todo su calvario. Cristina logró escapar por el ventiluz del baño, sosteniendo su DNI que ni siquiera era válido, porque nunca se concretó su adopción de forma legal. Corrió 200 metros hasta el fondo del terreno, donde vive su padrino. Lo conocía muy poco pero decidió arriesgarse y pedirle ayuda. “Le dije, ‘si usted no me ayuda yo me mato, porque no tengo más salida, no tengo más opción, no aguanto más’”.

Su padrino la escuchó y la llevó a la comisaría, luego que su familia intentara llevársela a Buenos Aires. Allí el comisario se negó a recibir su denuncia. “Me decía -esas palabras también me han quedado grabadas- ‘¿no querés que arreglemos de otra manera? Yo te voy a llevar hasta ellos, vas a ir con custodia policial y vamos a arreglar de otra manera. No te preocupes, no te van a hacer nada porque vamos nosotros’. ¿Cómo el comisario puede decir eso? Le digo, ‘mi dignidad, ¿usted piensa en mi dignidad? ¿Me van a venir a comprar con plata después de tantos años de silencio? ¿Me van a venir a callar con plata?’. El daño que han hecho no le puedo poner un signo igual a peso”, explica Cristina.

Los intentos de callarla continuaron. Al día siguiente, su padrastro la llamó por teléfono para preguntarle cuánta plata quería. Le ofreció un departamento o el dinero necesario para la carrera universitaria que deseara cursar. A cambio, tenía que retirar su denuncia. Cristina no dudó: lo que quería era justicia.

La fiscal Adriana Giannoni estuvo a cargo de la investigación del caso, la cual duró tres meses. Tanto Cristina como los dos acusados fueron examinados por médicxs y psicólogxs. El resultado de estas pericias determinó el pedido de prisión preventiva para los hermanos adoptivos de Cristina.

“Cuando me enteré que ellos estaban detenidos, lloraba de alegría porque decía ‘por fin’. Yo hasta ese momento confiaba en la justicia. Cuando pasa un mes, me entero que estaban libres. ¿Cómo me entero? Porque hicieron una fiesta cuando salieron, como festejando un triunfo, haciéndome burla. El legislador Lalo Cobos publicó fotos abrazándolos, besándolos. Ha sido una impotencia total. Yo lloraba el doble de lo que venía llorando”.

En diciembre de 2016, luego de que el juez Francisco Pisa los liberara, empezaron las amenazas hacia ella. Un día se los encontró en el centro de su pueblo. Le dijeron que pagaría por todo lo que les había hecho. Inmediatamente, se dirigió hasta los Tribunales Penales de San Miguel de Tucumán donde se enteró que ya no tenía una orden de restricción de acercamiento en vigencia. Pidió una nueva medida cautelar el 22 de diciembre del año pasado. Recien se la otorgaron hace dos semanas, cuando dio a conocer su caso en los medios de comunicación y acudió a Tribunales con carteles pidiendo justicia.

En esos cuatro meses de espera, las amenazas no pararon de llegar. Cuando sale a caminar, se le acercan en auto y aceleran de repente hacia ella. En una ocasión, había oficiales presentes mientras esto sucedía. A esta altura, Cristina no confía en la policía. Su familia adoptiva trabaja en una cooperativa de carpintería que amuebló la comisaría local, y el recuerdo del accionar del comisario que se negó a recibir su denuncia todavía está fresco.

Cuando hace unas semanas el gobernador de la provincia Juan Luis Manzur visitó la cooperativa, dio un discurso en el que, recuerda Cristina, dijo “que quiere más gente así, que sigan haciendo crecer el pueblo”. Esa noche, se acercó para hablar con el mandatario sobre su causa, con expediente en mano. Seis policías le prohibieron el acceso. Estaba sola.

“Yo hice público mi caso porque la última amenaza que recibí fue contundente. Me dijeron -ni siquiera me llaman por teléfono- me agarraron ellos en persona, cuando iba a trabajar, ‘vos ya sabés cómo somos nosotros, ya vas a ver lo que te va a pasar ahora si vos seguís hablando’”.

Cristina vive a 200 metros de la casa de su familia adoptiva. La orden de restricción todavía no se ha hecho efectiva porque la comisaría local no ha sido notificada. Mientras tanto, Cristina tiene temor por su vida, y por la seguridad de su tía y su padrino, los únicos familiares que la apoyan. “Yo no quería que esto se haga público, pierdo muchas cosas también. Lo hice público porque no aguantaba más, porque a mí nadie me da una respuesta. ¿Por qué esperan hasta el último momento, por qué esperan a que esto se haga público para recién venir a decir que ya está el proyecto de elevación a juicio? Pero yo sigo en la misma situación”.

Uno de los acusados se encuentra trabajando como docente y otro es secretario en una institución educativa. Ambos están en contacto permanente con niñxs y adolescentes. Cristina presentó una nota al Ministerio de Educación para alertarlos respecto a sus antecedentes, pero nada cambió.

Frente a un panorama en el cual su voz es descartada por las instituciones y su integridad es considerada prescindible por la justicia, Cristina no se rinde. Realizó una marcha en su pueblo junto a sus vecinxs el 22 de abril pasado, y aunque tuvo una buena convocatoria, cuenta que, refiriéndose a los acusados, “el martes pasado recibí una noticia de que me denunciaron porque supuestamente les quisimos pegar, lo cual es mentira, y tenemos testigos de eso. Por lo cual ellos no pudieron ratificar la denuncia”.

Cristina lo deja en claro. No quiere ser otra Micaela, la joven de Gualeguay que fue asesinada a principios de abril luego que el juez Carlos Rossi dejara en libertad a uno de los acusados por el femicidio, Sebastián Wagner. Aunque había sido condenado por dos violaciones, y los informes carcelarios lo desaconsejaban, el magistrado le otorgó la libertad condicional.

“Me empezaron a matar a los 8 años, me mataron en vida. El daño que me hicieron es irreparable. Sí puedo decir que voy a salir adelante. Todos me dicen ‘de dónde sacas tanta fuerza para luchar si ellos son tan poderosos’. Lo que me lleva a seguir pidiendo justicia es esa chica inocente, esa niña de ocho años. Voy a estar tranquila cuando los vea detrás de las rejas. Me va a dar tranquilidad por mí y saber que no está corriendo riesgo alguien más”.

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