Operativo Independencia: fue terrorismo de Estado

18 septiembre, 2017

Commentario

Derechos Humanos
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Así lo definió el Tribunal Oral Federal de Tucumán y cerró jurídicamente una discusión que deberá transformarse en verdad histórica.

 En los asientos de los acusados faltaron los responsables políticos y empresariales pero eso no quita fuerza a una sentencia histórica: el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán determinó que entre el 5 de febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, el decreto firmado para ‘aniquilar la subversión’ fue el primer ensayo del Terrorismo de Estado antes del golpe cívico-militar. No hay dos demonios ni excusas que invaliden este fallo histórico en sus consideraciones pero limitado en el castigo de los verdaderos responsables.

“Es importante históricamente porque se determinó que hubo delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976, durante el Operativo Independencia, que era buena parte de lo que nosotros planteábamos como caso. De ahí en más, respecto de las absoluciones tendríamos que leer bien los fundamentos, pero a primera vista hay varias que parece que no tienen un correlato con lo que pasó en el debate y con la posición que teníamos nosotros como acusadores”, evaluó minutos después del veredicto el fiscal federal Pablo Camuña, quien intervino en el debate junto a los fiscales ad hoc Agustín Chit y Julia Vitar.

Faltó María Estela Martínez de Perón, presidenta en ese entonces y dueña de la firma que blanqueó la represión paraestatal y puso toda la fuerza del Estado a combatir contra supuestas fuerzas guerrilleras que no alcanzaban las 300 personas. Es dable destacar que de las 271 víctimas judicializadas en la causa “Operativo Independencia”, alrededor del 42% fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, el 15% fueron dirigentes sindicales y gremiales, el 8% eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8% eran empleados públicos, el 5% eran profesionales independientes, el 4% eran estudiantes universitarios, el 2% eran militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7% acreditaba alguna vinculación con el ERP/PRT o con Montoneros.

La ex presidenta no fue citada a declarar por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó los planteos formulados por querellantes y por los fiscales para causas por violaciones a los derechos humanos en Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira. El pedido la apuntaba como “partícipe necesaria por haber dado una orden cuya ejecutoriedad no controló” y pidieron que fuera imputada “por haber firmado el decreto N° 261 de 1975 (que puso en marcha el Operativo) y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión”.

La Fiscalía había requerido en la acusación original- en 2011- que Martínez fuera acusada junto a ex miembros de fuerzas de seguridad. El juez Daniel Bejas decidió no hacer lugar al llamado a indagatoria, recordó La Gaceta en mayo del 2016.

Tampoco estuvieron en el banquillo los civiles que fueron activos protagonistas de la represión: en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” se determinó hubo 8 víctimas de la empresa José Minetti y Cía. Ltda. SA ingenio La Fronterita y 5 del Ingenio Concepción. En La Fronterita, además, funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD).

“Desde febrero de 1975, camionetas y jeeps militares circulaban por todos lados y la inteligencia se ejercía prácticamente sin disimulo. Bajo el pretexto del ataque a la guerrilla, el ejército avanzó indiscriminadamente, pero se concentró en algunos establecimientos, como la fábrica de Grafanor. Así, uno de los primeros detenidos, acusado por infracción a la ley 20.840, fue Enrique Nicolás Sienkiewicz, un joven porteño que se había establecido en Famaillá contratado por Techint para la construcción de la planta de Grafanor, pero que luego se dedicó a vender diarios. Se lo acusaba de haber repartido volantes del ERP escondidos en los diarios que vendía a los trabajadores de Grafanor, a pesar de que los testigos llevados por la policía para armar la causa —entre ellos, porteros de la fábrica— negaron los hechos. El comercio de Juan Carlos Dip, de Monteros, fue allanado porque, según los militares, daba comida a los guerrilleros. Dip recuerda que en esos días lo llevaron en un Unimog, pasando por el Ingenio La Fronterita y por la fábrica de Grafa, hasta Santa Lucía”.

 

Enojos

Familiares de víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos analizaron el fallo del TOF como bueno aunque criticaron las absoluciones. “La sentencia, desde nuestra perspectiva es buena porque hay genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, lo que implica un plan sistemático para desaparecer personas. Los delitos sexuales han sido tenidos en cuenta. Son 6 perpetuas. Sin embargo, también hay absoluciones, y nosotros confiamos en poder revertir eso en Casación porque no se ajustan a la realidad de los hechos que los testigos hablaron. Valoramos la sentencia como la finalización de un proceso que nos llevó 26 años concretar”, expresó Marta Rondoletto, referente de la fundación Memorias e Identidades de Tucumán.

En igual sentido se expresó Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo. “Es muy importante porque a estos crímenes contra los  derechos humanos los sufrió todo el pueblo argentino. La lucha de 40 años dio frutos”, consideró.

Silvia Sandoval es madre de Natalia Aríñez, militante de HIJOS. Ambas regresaban de Famaillá en diciembre junto con las militantes Julia Albarracín, Marianella Triunfetti y Alejandra Würschmidt, cuando fueron chocadas en la ruta. Aríñez, Triunfetti y Würschmidt fallecieron. “me parece tremendo que mi hija haya dedicado su vida entera para conseguir justicia y no ha podido llegar a la sentencia, no ha podido llegar al final del juicio y ver esto, que seguimos clamando por justicia que no llega. La verdad que es tremendo. Quiero decirles a todos que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir buscando justicia, en algún momento”, concluyó.

 

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