Sueños compartidos: Zamora recibió falta de mérito, pero dos funcionarios fueron procesados

20 mayo, 2017

Commentario

Derechos Humanos
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El senador festejó en una red social su desvinculación -provisoria- del caso en el que fueron procesados Hebe de Bonafini y los hermanos Schoklender, pero nada dijo (tampoco la prensa santiagueña) sobre dos de sus funcionarios que sí fueron procesados por recibir pagos de la fundación Madres de Plaza de Mayo. 

Pese a que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi otorgó la falta de mérito en la causa “Sueños Compartidos” al exgobernador y actual vicepresidente del Senado de la Nación, Gerardo Zamora, dos de sus funcionarios fueron procesados por el millonario desvío de fondos. Se trata del contador Daniel Alfredo Nasif, expresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo y luego director de Proyectos Sociales de Jefatura de Gabinete y de su empleada Silvia Karina Nasif. Los dos están procesados por el supuesto delito de defraudación por administración fraudulenta y continuan en libertad ya que el magistrado de Comodoro Py les concedió el beneficio de no cumplir prisión preventiva. Sin embargo les impuso un embargo sobre sus bienes de 150 mil pesos para Daniel Nasif y de 75 mil para Silvia Nasif.

Zamora en su indagatoria trasladó la responsabilidad a los funcionarios nacionales al sostener que “la intervención de la Fundación había sido condición del pago de la obra por parte de la Nación, motivo por el cual no resultaba posible la reprochada connivencia con los agentes locales”. Señaló como funcionario encargado de la concreción de los convenios a Daniel Nasif y culminó afirmando que, “si hubo irregularidades, se cometieron fuera de la provincia”.

Sin embargo, el diputado provincial Marcelo Lugones (UCR) aclaró que Zamora no podía desconocer los entresijos de la operatoria en la provincia y también enfatizó que sigue vinculado a la investigación en la que fue imputado, ya que pese a que el juez consideró que por el momento no había elementos para procesarlo, “se encuentra en una situación intermedia ya que no fue ni procesado ni sobreseído”.

SANTIAGUEÑOS COMPLICADOS

En un informe de Leandro Despuy, el exauditor general de la Nación, que consta en el expediente, sostuvo que millones de pesos fueron desviados a beneficiaros que nada tenían que ver con las viviendas sociales, como cuevas financieras y cooperativas”, pero también aclaró que hubo “funcionarios como destinatarios de cheques” y entre ellos figuran “los responsables de viviendas de Santiago del Estero, Daniel y Silvia Nasif, quienes también terminaron procesados” (Clarín 17/05/17).

En la voluminosa resolución de más de 500 páginas se precisa que Daniel Nasif fue procesado por haber firmado como extitular del IPVU “los convenios de financiación y los contratos de obra púbolica para la realización de las obras que luego fueron adjudicadas sin sustentación legal válida en forma directa”. Pero también el juez Martínez de Giorgi sostuvo que el funcionario “recibió en forma directa un total de $30.000 y permitió que Sergio y Pablo Schoklender, en su calidad de apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tuvieran un manejo de $748,719,414,64, de la cual desviaron $206.438.454,05 de su destino específico”.

Nasif diría ante las acusaciones de adjudicaciones fuera de la ley a empresas cercanas a Schoklender que “eran una imposición de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo del exsecretario de Obras Públicas José López, recordado por su detención cuando intentaba ocultar valijas con dinero en una casa de retiros espirituales.

En cuanto a los pagos que recibió de la Fundación, dijo que fueron porque los asesoró como contador en la bancarización de los obreros que trabajaban en la provincia, cuando ya no estaba al frente del IPVU.

En el caso de Silvia Nasif, la resolución indica que fue “beneficiaria de cuatro transferencias efectuadas los días 15 de junio y 17 de diciembre de 2009, y el 28 de febrero y 20 de mayo de 2011, todas desde la cuenta del Banco Credicoop de titularidad de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Nº597752-8, por un monto total de $15.000, mientras se desempeñaba en el departamento de Administración y finanzas de la dirección de Proyectos Sociales de la jefatura de Gabinete de la provincia de Santiago del Estero, que tenía a su cargo el control sobre los pagos correspondientes a las obras”.

Esta contadora negó cualquier irregularidad y sostuvo que era una simple contratada por 2.600 pesos al mes, sin poder de decisión, y que los pagos fueron por asesoramiento contable a la fundación..

Sin embargo, el juez no creyó sus explicaciones. Y concluyó que “Silvia Nasif se encontraba a cargo de las liquidaciones de los pagos que la gobernación de Santiago del Estero debía hacer a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y Daniel Nasif, en su calidad de presidente del Instituto de la Vivienda, era quien estaba a cargo de la rúbrica de los contratos de obra pública y la aprobación final de los pagos a la adjudicataria, han puesto sus intereses por sobre aquellos que las respectivas administraciones públicas les confiaron, pues recibieron sumas dinerarias de la fundación, cuando esta institución revestía la calidad de co-contratante de la provincia”.

Por otro lado, quien sí resultó beneficiada con la falta de mérito es Josefina Sosa, dirigente de la Asociación Madres Unidas del Pacará, quien firmó los convenios para la construcción de numerosas obras.

FUERTE VINCULO CON SANTIAGO

Santiago del Estero fue una de las provincias que más operó con la “Misión Sueños Compartidos”, junto con Chaco y Misiones, cuyos exgobernadores Jorge Capitanich y Maurice Closs también obtuvieron falta de mérito.

En la capital santiagueña se construyeron dos barrios de 232 y 144 viviendas en el sector Bosco, por 140 millones de pesos, así como en otros sectores como Belén y Villa del Cármen. Pero estos últimos se terminaron con empresas locales que absorbieron a los obreros que quedaron en la calle, después que estallara el escándalo de la fundación.

También se comenzó a construir un minihospital en la zona del Gran Campo Contreras, por 7,5 millones de pesos, que quedó a medio edificar y en la actualidad sigue abandonado, como denunció el diputado Jaime Diaz (UCR).

Poco antes que se conociera la defraudación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo firmó un convenio con el gobierno provincial para la instalación de una planta constructora de casas prefabricadas y amobladas con tecnología israelí, con beneficios impositivos en el Parque Industrial. Pero el ambicioso proyecto quedó abortado con la detención de Schoklender.

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