Trabajadores judiciales pararon en todo el país contra las nuevas reformas

16 noviembre, 2017

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Derechos Humanos
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En Tucumán, se mostraron preocupados por el posible cierre de unidades especializadas en delitos de lesa humanidad y trata de personas. Además, advirtieron que se pretende vulnerar la independencia de poderes. Para Madres de Plaza de Mayo, significa un retroceso en la política de Derechos Humanos.

Un debilitamiento institucional. Esa sería, en palabras de los trabajadores judiciales, la consecuencia inmediata que tendría la implementación del proyecto de reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. En este sentido se pronunció Mariana Álvarez, trabajadora de la Procuraduría de Investigación de Crímenes contra la Humanidad, que depende de la Procuración General de la Nación. “Observamos un debilitamiento institucional porque pretenden cambiar las mayorías legislativas tanto para remover a procuradores y defensores como también para nombrarlos. Se van a necesitar menos consensos políticos, porque se cambiaría la mayoría especial y calificada por una mayoría absoluta”, indicó.

Otro de los puntos neurálgicos de la reforma establece que para remover procuradores y defensores bastaría con la simple acusación del Poder Ejecutivo, lo cual afectaría la independencia de poderes, colocando al Ministerio Público de la Defensa y al Ministerio Público Fiscal, que deberían ser autónomos, a merced del poder político de turno. “Entonces, si al ejecutivo no le gusta lo que se está investigando, bastará con que se acuse al Procurador General de la Nación para que este sea removido de sus funciones”, expresó Álvarez. “Además, el Defensor General de la Nación es el único facultado para denunciar al país ante organismos internacionales, entonces el Poder Ejecutivo podría, en ese sentido, presionar al Defensor General”, alertó.

Por este motivo, trabajadores judiciales llevaron adelante una jornada de paro a nivel nacional, que en la provincia contó con el apoyo de las organizaciones sociales Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (FPDS CN) y Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt).

“Es un paro en todos los juzgados federales del país. Nosotros no tenemos privilegios, tenemos derechos como trabajadores. Nosotros hace rato venimos exigiendo una serie de reformas que tienen que ver con más personal, que se nombren los jueces que hacen falta, porque en Tucumán hace 10 años se creó el Juzgado Federal Nº 3 y nunca funcionó. Los juzgados están abarrotados de causas  y creemos que la mejor administración de la justicia viene de la mano de mayor presupuesto, mejores procesos, de adelantar los tiempos de los procesos judiciales”, le dijo a la prensa Marieta Urueña Russo, Secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju).

Por otro lado, Daniel Weinsemberg, trabajador del Ministerio Público Fiscal, alertó sobre otra de las aristas de la reforma, que contempla el cierre de unidades especializadas. Weisemberg representa en Tucumán a la Procuraduría de Investigación contra la Trata y Explotación de personas (Protex).  El trabajo de la Protex, así como el de las otras procuradurías que tienen representantes en la provincia, es brindar apoyo a las fiscalías federales en lo que refiere a la investigación y el juzgamiento de los delitos específicos de cada área.

“Concretamente, Protex interviene en todas las causas de trata de personas que se están tramitando en la provincia en apoyo a las dos fiscalías federales, la de instrucción y la de juicio oral. Se brinda un apoyo técnico especializado, lo que permite profundizar en investigaciones sobre delitos de criminalidad organizada”, le dijo a APA!

En Tucumán también brindan apoyo, a pesar de no tener representación directa, la Procuraduría de investigación de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría de Investigación contra el Lavado (Procelac), que colaboró en la etapa de investigación del juicio al clan Ale y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).

El proyecto que se está discutiendo pretende cerrar las unidades especializadas, que en Tucumán son las de Trata y la de Crímenes contra la Humanidad, y deja a criterio del nuevo procurador si las sostiene, las elimina, las fusiona o si crea otras distintas. Esas áreas podrían quedar vaciadas y sus  investigaciones pasarían a las fiscalías comunes, que no tienen ese soporte técnico específico.

“Estamos acompañando pero también defendiendo nuestro derecho al acceso a la justicia. Con este proyecto que se pretende instalar se eliminaría la procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad. Por eso nos solidarizamos con los trabajadores judiciales, porque ellos le están poniendo el cuerpo a los juicios. Con esto además se cierra la posibilidad de nuevos juicios, y todavía hay muchas causas pendientes. No es sólo un retroceso en la política de Derechos Humanos, sino que además pretenden volver a instalar la teoría de los dos demonios, la reconciliación”, se lamentó Sara Mrad, de Asociación Madres de Plaza de Mayo.

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